Víctor Fuentes Campos
El Comercio, 18 de junio del 2026
“Si una mayor participación privada puede ser parte de la solución para Petro-Perú, resulta cada vez más difícil explicar por qué esa conversación sigue siendo tabú cuando hablamos de EsSalud”, escribe Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Durante años venimos discutiendo qué hacer con Petro-Perú. Que si lo liquidamos, un nuevo rescate o una reestructuración. Sin embargo, existe otra institución pública que comparte muchos de sus problemas, pero cuyos costos son más visibles y que afectan diariamente a millones de peruano; se llama EsSalud.
A primera vista, la comparación parecería exagerada. Después de todo, Petro-Perú refina combustibles y EsSalud brinda servicios de salud. Pero ambas comparten una característica fundamental: operan bajo un esquema donde los incentivos para mejorar son débiles y la interferencia política es constante. En ambos casos, el Estado actúa simultáneamente como gestor y juez de su propio desempeño.
Desde 2021, EsSalud ha tenido 13 presidentes ejecutivos. Entre 2006 y 2020 tuvo apenas seis. Con semejante rotación resulta difícil sostener cualquier estrategia de largo plazo, ejecutar reformas o exigir resultados. Y el problema no es solo quién dirige la institución, sino los incentivos bajo los que opera. A diferencia de una clínica privada, EsSalud no enfrenta el riesgo de perder ingresos cuando el servicio empeora. Los aportes siguen llegando mes a mes, independientemente de si el afiliado consigue una cita, accede oportunamente a una cirugía o encuentra los medicamentos que necesita. La consecuencia es predecible: la presión por mejorar la calidad del servicio es nula.
El argumento habitual es que EsSalud necesita más recursos. Sin embargo, la evidencia apunta en otra dirección. En los últimos años, el número de asegurados aumentó 18%, la recaudación creció 23% y las remuneraciones se incrementaron 27%. Pero las consultas médicas apenas crecieron 9%, las horas médicas 7% y los consultorios disponibles solo 4%. En otras palabras, los recursos avanzan mucho más rápido que los servicios que reciben los afiliados.
Los usuarios sufren esta realidad. El tiempo promedio para conseguir una cita casi se duplicó entre el 2019 y el 2023, pasando de 10 a cerca de 20 días. Además, cada vez más asegurados buscan atención fuera del sistema: nueve de cada diez afiliados terminan comprando medicamentos por su cuenta, debido a las dificultades para obtenerlos en EsSalud.
Aquí aparece una diferencia importante respecto a Petro-Perú. La crisis de la petrolera estatal aparece principalmente en las cuentas fiscales. La de EsSalud aparece, para millones de pacientes, en una cirugía reprogramada, una cita que demora semanas o un medicamento que una familia asegurada debe comprar por su cuenta.
Por eso, la discusión sobre EsSalud no debería limitarse a pedir más presupuesto. Antes de hablar de más recursos, conviene preguntarnos por qué una institución con ingresos garantizados y creciente financiamiento sigue ofreciendo resultados tan deficientes. El nuevo Gobierno tendrá que decidir si continúa administrando el problema o se atreve a reformarlo. Si una mayor participación privada puede ser parte de la solución para Petro-Perú, resulta cada vez más difícil explicar por qué esa conversación sigue siendo tabú cuando hablamos de EsSalud.
