Iván Alonso
El Comercio, 13 de noviembre del 2026
“Se necesita es un procedimiento expeditivo para determinar si vale la pena o no proceder a una licitación”.
Más de 30 concesiones de infraestructura llegan a su fin en los próximos años. Pro Inversión enfrenta el dilema de renovarlas o volver a licitarlas. Conociendo las dificultades del Estado Peruano para llevar a cabo una licitación, la decisión parecería estar cantada. Para cuando se convoque un concurso, se encuentre a los interesados y se seleccione a un ganador, la concesión original ya habrá caducado. Y probablemente, hasta entonces, el concesionario original siga manejando la operación. Una renovación, como quien dice, sin renovación.
¿Por qué, entonces, desgastarse? La razón es muy sencilla: la nueva concesión es esencialmente distinta a la que reemplaza. El proyecto es el mismo; el servicio y la operación son los mismos, salvo por las mejoras graduales en calidad y tecnología, que en algunos casos son posibles y, en otros, no tanto; pero la tarifa necesaria para mantener la concesión a flote ha cambiado porque la inversión inicial, se supone, ya se ha recuperado. La decisión no es, pues, renovar o volver a licitar, sino en qué términos renovar o volver a licitar.
Una decisión más compleja, naturalmente, aumenta el riesgo de demora de una eventual licitación y, por lo tanto, de una renovación de facto. Lo que se necesita es un procedimiento expeditivo para determinar si vale la pena o no proceder a una licitación; un procedimiento que busque asegurar parte de los beneficios de la competencia por la concesión sin postergar indefinidamente su materialización.
Considerando las condiciones actuales de operación y las nuevas inversiones que se requieran para ampliar la capacidad, modernizar los equipos o ponerse al día con los nuevos estándares ambientales y de seguridad, se podría establecer una tarifa máxima a la que Pro Inversión estaría dispuesta a renovar la concesión. Si el concesionario no aceptara esa tarifa, podría proponer otra que le dé un derecho de preferencia sobre otros postores en una eventual licitación, salvo que alguno ofrezca reducirla un 10% o 20%. De esa manera, la experiencia del actual concesionario no se sacrificaría por una ventaja nimia.
La clave para fijar una tarifa que evite una licitación es cuánto habrá cambiado la rentabilidad esperada por el concesionario desde que se le otorgó la concesión. La rentabilidad esperada, por supuesto, es un concepto subjetivo. Pero la rentabilidad que espera ahora por las nuevas inversiones que tendría que hacer ciertamente es menor que la que esperaba en ese entonces, cuando el proyecto estaba todavía por construirse y los resultados de la operación eran inciertos. Cuánto menor es lo que Pro Inversión debe tratar de descubrir.
