Diario Gestión, 1 de Marzo de 2017
Sara Manayay, Analista de Macroconsult
Las asociaciones públicas-privadas (APP) son acuerdos contractuales de largo plazo entre el sector privado y el público. Este esquema promueve la participación del sector privado pues presume que es más eficiente en la provisión del servicio y para conseguir el financiamiento. Este mecanismo también es beneficioso para el Estado pues libera recursos y la ejecución de la inversión es más efectivo. El objetivo central de este mecanismo es reducir la brecha de infraestructura y mejorar la calidad del suministro de los servicios públicos. En este artículo se revisarán dos de los factores que limitan el alcance de las APP en nuestro país. El primer factor es el proceso de licitación, donde el diseño de los contratos una seria preocupación. En general, la premura de los gobiernos de turno por licitar los proyectos hace que se relajen los mecanismos de evaluación y planificación de los mismos. Como resultado se entregan obras de gran envergadura con temas por resolver que a la larga inciden en riesgos de retraso y renegociaciones en el periodo de construcción. Las propuestas para mejorar este aspecto son incorporar mecanismos más exigentes de selección de postores, factores de competencia que reduzcan riesgos de comportamientos oportunistas, ampliación del gasto de capital en estudios técnicos que reduzcan riesgos de subestimación del presupuesto de la obra e incluir mecanismos de transparencia en el proceso, pues la información es de interés público. Si bien la implementación de estas recomendaciones podría incrementar el costo y el plazo del proceso administrativo, se reduciría el riesgo de enfrentar futuros sobrecostos para el Estado.
El segundo factor se relaciona con las modificaciones contractuales (adendas) que se generan por la débil institucionalidad en la aprobación de estos. Por definición, los contratos de largo plazo son incompletos e imperfectos y, por tanto, son propensos a modificaciones. Además, requieren adaptarse en el tiempo. En este contexto, el enfoque y las resoluciones adoptadas por los organismos reguladores y supervisores de los contratos de concesión juegan un rol muy importante para el fortalecimiento de la institucionalidad y la sostenibilidad de las APP. El regulador es en última instancia el que establece una relación de convivencia con el concesionario durante todo el plazo de la concesión y es el encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el privado. Si bien las adendas son parte de la relación contractual, también pueden verse como la evidencia de comportamientos oportunistas de las partes. En conclusión, las APP son un instrumento reconocido que estimula el crecimiento de la economía y tiene altas potencialidades para cerrar la importante brecha de infraestructura que mantenemos. Su implementación en el Perú deja lecciones aprendidas con significativos retos para el mejoramiento en el diseño institucional.
