(El Comercio, 06 de julio de 2015)
Por Juan José García Chau, Investigador de Contribuyentes por Respeto
El caso de Sedalib, la entidad prestadora de servicio de saneamiento trujillana.
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento acaba de confirmar que, por falta de apoyo político, Sedapal no se abrirá al capital privado. La razón es simple: gran parte del variopinto espectro político peruano aún tiene miedo a concesionar el sector saneamiento, gracias a campañas falaces –pero muy efectistas– que han posicionado en sus mentes mensajes como “el agua no se vende”.
El agua no solo ya se vende, formalmente hablando, sino que, al distribuirse a través de empresas públicas, muy poco transparentes y protegidas por el Estado, se encuentra hipotecada a diversos grupos de interés. Para muestra un botón: Sedalib, la entidad prestadora de servicio de saneamiento (EPS) trujillana.
Esta empresa no solo brinda un pésimo servicio (nueve horas de continuidad, alrededor de 50% del alcantarillado en mal estado, solo el 55% de aguas servidas tratadas, etc.), sino que es una compañía virtualmente quebrada y muy poco transparente.
Sedalib se encuentra muy apalancada, contando con un ratio de endeudamiento de 286%. El sector saneamiento estadounidense, por ejemplo, tiene un ratio de apalancamiento de 15%, pues un nivel de endeudamiento superior al 200% es similar, más bien, al de la banca comercial que se dedica a captar ahorros. De hecho, la situación financiera de Sedalib sería insostenible, si el Estado no estuviera como garante o prestamista de última instancia. Pese a este desempeño, el año pasado Sedalib repartió utilidades, dato que podemos afirmar gracias a que ha sido confirmado por su propio gerente general, vía el diario “La Industria”. Puesto que Sedalib tiene el poco saludable hábito de no auditar sus estados financieros, es difícil saber qué tantas utilidades se repartieron.
Más todavía, tras una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para que Sedalib ingrese a un proceso de reorganización –que podría concluir con su entrega en concesión–, la directiva del Proyecto Chavimochic (PC), manejado por el Gobierno Regional de La Libertad, declaró que en tal eventualidad las tarifas de agua se incrementarían en 300%, generando obviamente pánico en la población trujillana.
¿De dónde surgió ese cálculo? El origen es una inaceptable y eventualmente ilegal cláusula contenida en el contrato de venta de agua entre el PC y Sedalib, según la cual en el caso de que se concesione o intervenga un tercero, como el caso de la inversión privada, la tarifa de agua pasaría automáticamente de S/.0,2275 por m3 a US$0,2275 por m3. Si bien Sunass tendría que aprobar este incremento, el miedo en la población ya se generó, a tal punto que la Municipalidad de Trujillo ha rechazado la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Por ello, podemos afirmar que el agua en Trujillo ya ha sido “vendida” o, al menos, “hipotecada” para mantener el statu quo de los grupos de interés que se benefician con el actual funcionamiento de la EPS trujillana. Esto no solo es éticamente reprobable, sino que podría ser declarado ilegal por el Indecopi al bloquear cualquier competencia potencial. Finalmente, se trata de un caso en el que debería intervenir la contraloría, pues lo encontrado podría ser tan solo la punta de un enorme iceberg.
