Por: Juan Carlos Odar
El Comercio, 8 de abril de 2019
En su más reciente Reporte de Inflación, publicado hace diez días, el Banco Central (BCR) analiza la trayectoria de distintas series que buscan registrar el comportamiento del mercado laboral. Para el caso específico del empleo formal, destaca que hay dos fuentes. La primera es la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), realizada por el Ministerio de Trabajo a una muestra de 6.502 empresas de más de 10 trabajadores seleccionadas hace poco más de diez años, en marzo del 2009. La segunda es la Planilla Electrónica de la Sunat, que registra mensualmente al universo de empresas formales.
El BCR muestra que al no ir incorporando en los últimos años a empresas que han impulsado el crecimiento del empleo, la ENVME ha perdido relación con la dinámica de la producción. Ejemplo de ello es que en 2018, la economía creció 4%, pero el empleo formal según la ENVME solo aumentó en 0,1%. Por su parte, el empleo formal total en la planilla electrónica se incrementó 4,3%, y considerando solamente las empresas de más de 10 trabajadores lo hizo en 4,8%.
De esta manera, el dato de la Sunat de que en 2018 hubo 3,7 millones de puestos de trabajo formales es la mejor foto que tenemos disponible, aunque un mejor indicador sería cuántas personas están laborando en condiciones formales. La diferencia radica en que una misma persona podría estar laborando formalmente en más de una entidad (por ejemplo, el caso de quien dicte clases por horas en una universidad aparte de realizar su principal actividad generadora de ingresos).
Asimismo, según el INEI en el 2018 hubo 16,8 millones de ocupados. Ello nos indica que -más allá de los errores de información generados en la estimación de este dato- hubo unos 13,1 millones de trabajadores no contabilizados como formales.
Este dato contrasta con los consignados por el Primer Ministro Del Solar, quien en su presentación ante el Congreso dijo que la informalidad laboral afecta a casi 4 millones de trabajadores asalariados con relación de dependencia en el país, lo cual representa el 64% de este segmento. Es decir, excluye del cálculo de informalidad a unos 9 millones de personas, en su mayoría independientes, que no reciben una remuneración fi ja, pero son en su mayoría informales, dedicados al comercio y a servicios de baja productividad.
La diferencia no es menor sobre todo en un contexto en que se está preparando una propuesta de reforma al sistema previsional. Si se plantea universalizar su alcance, debemos tener claro de dónde partimos.
