Por: Jorge Lazarte
Perú21, 22 de febrero del 2024
“Cuando hay buena fe de por medio el sistema funciona bien; pero cuando impera la criollada, se convierte en un ambiente propicio para defraudar tanto al sector empresarial como al sistema financiero”.
No busco hacer un instructivo para delinquir ni mostrarle el camino fácil para hacerse rico. Mi objetivo es que conozca un mecanismo de estafa que viene siendo aplicado por las mafias en el Perú, causando millonarias pérdidas económicas a las empresas al amparo de la Ley 29623.
Esta norma creó la factura negociable como un instrumento para que los proveedores de bienes y servicios puedan contar rápidamente con liquidez, sin tener que esperar a que sus clientes realicen los pagos de sus facturas.
La idea detrás de la ley es que la factura negociable pueda ser transferida a una entidad que adelante los fondos a quien la emite (con una tasa de descuento), y que luego la entidad sea quien se encargue de cobrarla.
Cuando hay buena fe de por medio el sistema funciona bien; pero cuando impera la criollada, se convierte en un ambiente propicio para defraudar tanto al sector empresarial como al sistema financiero.
El problema radica en la manifestación de voluntad que la Ley 29623 otorga al silencio. Si usted o su empresa reciben una factura negociable y no manifiestan su disconformidad en un plazo de 8 días hábiles, se considera que la ha aceptado y que está obligado a pagarla.
A partir de ese momento el emisor puede transferirla a cualquier entidad, recibir de ella el importe supuestamente adeudado y desaparecer. Usted quedará obligado a pagar el íntegro de la factura negociable a quien sea que se la presente a cobro.
No importa si usted conocía o no a quien le emitió la factura. Tampoco importa si los bienes o servicios fueron efectivamente contratados, ni si el contrato se ejecutó debidamente. Si usted no manifestó su disconformidad a tiempo, se perjudicó.
La falta de pago de la factura negociable no solo le generará intereses, sino también multas de hasta S/257 mil impuestas por el Ministerio de la Producción. Ante esto las empresas buscan la manera de evitar lo inevitable. Presentan denuncias y demandas intentando eludir pagos por bienes y servicios “fantasmas” que nunca contrataron, pero que tendrán que pagar.
Lamentablemente, el sistema ha sido diseñado para promover el financiamiento de buena fe, y no para proteger a quienes son víctimas de la delincuencia. Es necesario que el Ministerio Público y el Congreso presten pronta atención a estos casos, antes de que el sistema de factoring colapse.
