Por: Janice Seinfield, Directora de Videnza Consultores
El Comercio, 27 de noviembre de 2018
Vergonzosos pedidos de asilo diplomático y complejas investigaciones sobre casos de corrupción no deben hacernos perder de vista un escenario inminente: este primero de enero, nuevas autoridades regionales y municipales asumirán funciones, la mayoría de las cuales cuentan con poca o nula experiencia en gestión pública. Esto a pesar de tener bajo su responsabilidad más del 65% del presupuesto nacional.
Necesitamos un Estado (más) eficiente en todos sus estamentos. Los funcionarios de los gobiernos subnacionales deben poder traducir en desarrollo los recursos públicos disponibles. Y esto solo se logrará si están familiarizados con las herramientas esenciales para la gestión pública local, conocen qué procesos de inversión pública permiten identificar y formular adecuadamente proyectos que mejoren las condiciones de vida de los peruanos, y fortalecen la gestión de programas sociales en aras de una mayor y mejor presencia del Estado.
Empecemos por el principio: por capacitar a los funcionarios en la organización del Estado, en el funcionamiento del presupuesto público y en los mecanismos de abastecimiento. Deben poder vincular los objetivos trazados con el proceso de descentralización, comprender el marco normativo y el ciclo del proceso presupuestario, y estar al tanto de los programas presupuestales y del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Ministerio de Economía y Finanzas.
En cuanto a inversión pública, muchos funcionarios simplemente desconocen las normas que regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) en sus diferentes fases. Esto es inaceptable, vulnera todos los principios de administración eficaz. Entre otras acciones, deben poder identificar aquellos problemas de acceso a servicios públicos vinculados a infraestructura que se pueden revertir aplicando distintivamente los mecanismos de inversión pública y privada más adecuados.
Respecto a los programas sociales, para poder plantear propuestas de mejora requerimos identificar el contexto sobre el cual se define su provisión. Asimismo, los funcionarios públicos y la sociedad civil necesitan conocer las herramientas de participación ciudadana –revocatoria de autoridades, rendición de cuentas, presupuesto participativo– para fomentar la transparencia y fortalecer la fiscalización.
La única forma de evitar que se repitan tramas corruptas e ineficiencias como las que estamos viendo es tomando en cuenta estas recomendaciones. A eso debemos estar abocados. Esto complementado con una ciudadanía mucho más proactiva, que reclame los servicios que se merece y el adecuado uso de los recursos que salen de sus bolsillos.
Pero, además, todo lo anterior nos lleva a evaluar la pertinencia de impedir la reelección inmediata de autoridades. Esta curva de aprendizaje que hemos descrito se truncará en cuatro años y volveremos a foja cero tras cada elección. El justo medio es, siempre, a lo que debemos aspirar: ni gestiones de cuatro años ni de más de veinte. Ni lo fugaz ni lo perpetuo.
