Jaime Dupuy
Gestión, 18 de julio del 2025
Defender la propiedad y la seguridad jurídica es indispensable para atraer inversión y garantizar derechos básicos.
La minería no es solo la principal fuente de divisas para el Perú; es una palanca clave para cerrar las brechas sociales que aún nos dividen. Tenemos más de US$ 64,000 millones en proyectos mineros paralizados, que podrían transformarse en hospitales, escuelas, carreteras y empleo formal para millones de peruanos. Sin embargo, persiste la amenaza de la minería informal e ilegal, que no solo depreda el ambiente, sino que alimenta redes criminales y compromete la vida de comunidades enteras.
Hace poco, el Congreso rechazó un dictamen de Ley MAPE que pretendía legalizar prácticas contrarias a la Constitución y al sentido común. Saludamos a los congresistas que defendieron la institucionalidad y el interés nacional frente a presiones particulares. La formalización minera debe ser una política seria y responsable, no un salvoconducto para la ilegalidad.
Ahora toca que el Ejecutivo o algún congresista presente una nueva propuesta que recoja lo avanzado en los debates recientes. En primer lugar, nada de Reinfos encubiertos. El Tribunal Constitucional ya ha sido claro: no puede haber exenciones de responsabilidad penal, civil o administrativa. Asimismo, debemos rechazar términos ambiguos como «minería tradicional o ancestral», que solo abren espacios ambiguos y permeables a la ilegalidad. Y mucho menos puede tolerarse la servidumbre forzosa que se asemeja a una expropiación de concesiones legítimas. Defender la propiedad y la seguridad jurídica es indispensable para atraer inversión y garantizar derechos básicos.
Hoy, el proceso de formalización liderado por el Ministerio de Energía y Minas muestra señales de avance: el cierre definitivo del Reinfo, la cancelación de más de 50,000 registros suspendidos, y la futura implementación de un sistema interoperable para asegurar la trazabilidad. Pero esto no basta. El éxito dependerá también de una fiscalización rigurosa de entidades como Sunat, Sucamec y el propio Minem.
Tanto el Ejecutivo como el Congreso deben mantener la firmeza y no ceder antes presiones. Especialmente frente a los bloqueos ilegales de vías que buscan imponer intereses particulares a costa de la población. Estos actos criminales afectan la logística, encarecen alimentos y restringen el acceso a salud, perjudicando a los más vulnerables.
El Perú no puede resignarse a perder oportunidades históricas. Necesitamos una ley MAPE bien diseñada, que incentive la formalización de la pequeña minería y combata sin titubeos la ilegalidad. Solo así podremos convertir nuestra riqueza mineral en bienestar sostenible para todos.
Es hora de demostrar que la minería puede y debe ser sinónimo de desarrollo, modernidad y respeto a la ley. No permitamos que unos pocos conviertan nuestro principal motor económico en rehén de la informalidad. El futuro del país está en juego.
