Jaime Dupuy
Director Ejecutivo de Comex Perú
Gestión, 19 de setiembre del 2025
El tema de fondo es la pésima imagen que transmitimos al mundo por la mala gestión de nuestro principal atractivo cultural y turístico.
Machu Picchu no solo es la joya del turismo peruano, sino uno de los activos culturales más valiosos del mundo. Cada año recibe a cientos de miles de visitantes, siendo el motor principal del turismo receptivo y una fuente de ingresos que dinamiza economías locales y regionales. Sin embargo, su gestión se -encuentra atrapada en un laberinto de competencias dispersas, superposición de autoridades y ausencia de una visión estratégica unificada.
Hoy, múltiples entidades -ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y organismos autónomos- intervienen en la administración del santuario. El resultado es predecible: burocracia ineficiente, conflictos de interés, falta de planificación y, lo más grave, una permanente vulnerabilidad frente a desmanes, bloqueos de vías y protestas que dañan irreversiblemente la imagen internacional del Perú.
Resalta en este grupo de autoridades que se tiran la pelota unas a otras el Ministerio de Cultura y su bochornoso comunicado donde se desvía del foco de la atención (la ineficiente gestión de Machu Picchu) tocando el tema UNESCO y no el de fondo: la pésima imagen que transmitimos al mundo por la mala gestión de nuestro principal atractivo cultural y turístico.
Un activo crítico que requiere centralización
El Estado peruano debe reconocer de manera explícita a Machu Picchu como activo crítico nacional. No solo porque concentra el mayor atractivo turístico del país, sino porque su sostenibilidad repercute directamente en el posicionamiento internacional del Perú, la estabilidad de miles de empleos y la confianza de inversionistas en el sector turístico.
Para ello, urge la creación de una unidad centralizada, autónoma y técnica, encargada de la gestión integral del santuario (podría recaer en el Mincetur). Esta entidad debe articular con los distintos niveles de gobierno, pero tener la autoridad exclusiva para planificar, ordenar y ejecutar medidas de protección, promoción y control. Su autonomía es clave para evitar interferencias políticas y garantizar que las decisiones, respondan al interés nacional y no a presiones coyunturales.
El principio de autoridad: sin excepciones
La recurrente toma de vías de acceso y los actos de violencia vinculados a demandas sectoriales deben ser enfrentados con firmeza. Un país que aspira a consolidarse como destino turístico de clase mundial no puede permitir que el ingreso a su mayor símbolo cultural quede rehén de grupos de presión.
El principio de autoridad debe aplicarse sin titubeos: los bloqueos que atentan contra la libre circulación y dañan la economía nacional deben ser sancionados con severidad, incluyendo penas efectivas de cárcel. Solo así se transmitirá un mensaje claro de que Machu Picchu, patrimonio de la humanidad y activo crítico del Perú, no está al servicio de intereses particulares.
Conclusión
El futuro de Machu Picchu depende de decisiones firmes y estructurales. Declararlo activo crítico nacional, dotarlo de una gestión unificada y aplicar con rigor el principio de autoridad no son opciones: son condiciones indispensables para preservar nuestro patrimonio, garantizar la sostenibilidad del turismo y reafirmar la imagen de un país que protege sus tesoros con responsabilidad y seriedad.
