En Georgia, en el 2008, Vladimir Putin –cuando menos– esperó a que ciudadanos rusos fueran victimizados antes de alegar que enviaba a sus tropas para protegerlos. ¿Cuántos ciudadanos rusos habían perecido como consecuencia de la violencia xenófoba en Ucrania antes de la ocupación de Crimea? Que se sepa, ninguno. El presidente de Rusia alega que no se trata de una intervención militar de su país, sino de la acción de milicias locales que actúan de manera autónoma. Sí claro, milicias sin distintivo alguno, que jamás habían emitido un pronunciamiento público, cuyos líderes nadie conoce, y de las que absolutamente nadie había oído hablar en la víspera de su fulgurante captura de Crimea. Milicias que, además, entraron en acción justo cuando Putin obtenía la autorización del Senado de su país para emplear tropas rusas en esa península.
Es cierto que cuando el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, alega que “uno no invade otro país con pretextos falsos para hacer valer sus intereses”, podría recordársele que eso fue precisamente lo que él contribuyó a hacer con su voto en el Senado en favor del uso de la fuerza en Iraq. Aun así, existe una diferencia importante entre Iraq y Ucrania: Estados Unidos no buscaba anexar el territorio de otro país.
De consumarse la anexión de Crimea a Rusia, ese no sería un precedente menor, considerando que poco después de la Segunda Guerra Mundial se consagró el principio de que era inadmisible bajo el derecho internacional la adquisición de territorios por la fuerza. Y en este caso no existe justificación para el escepticismo: salvo por los turbulentos años iniciales de la posguerra, en más de medio siglo virtualmente ninguna frontera ha cambiado como producto de la conquista por parte de un Estado del territorio internacionalmente reconocido de otro Estado. Y desde la creación de las Naciones Unidas, ninguno de los Estados que la integran ha desaparecido como producto de una conquista militar.
Por ende, lo que está en juego en Crimea trasciende el tema de la integridad territorial de Ucrania. Sobre todo cuando Rusia no solamente viola el derecho internacional, sino que además viola el Memorándum de Budapest, que suscribió en 1994, mediante el cual se comprometía a “respetar la independencia, la soberanía y las fronteras actuales de Ucrania”. Ahora bien, así como Rusia alega no haber enviado tropas adicionales a Crimea (existían ya soldados rusos en esa península, en la base naval de Sebastopol), ahora aduce que tampoco pretende anexar Crimea. Ojalá, pero habría que creer entonces que es una mera casualidad que el Parlamento de Crimea haya aprobado un referéndum para decidir el futuro de dicho territorio (de casi treinta mil kilómetros cuadrados y poco más de dos millones de habitantes), mientras en el Parlamento ruso un partido aliado al presidente Putin propone aprobar una ley que permita a Rusia anexar territorios de otros Estados, siempre y cuando la población de esos territorio s lo hubiese aprobado en una consulta popular.
Publicado en El Comercio, 09 de marzo de 2014.
