Por: Enrique Cavero Safra, Abogado especialista en derecho de la competencia
El Comercio, 24 de mayo de 2018
El Comercio, 24 de mayo de 2018
Una de las buenas cosas que hizo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue emitir el Decreto Legislativo 1246. Esta medida eliminó algunas barreras burocráticas costosas e irracionales, un problema que todavía, lamentablemente, le cuesta miles de millones a nuestra economía y mucha calidad de vida a nuestros ciudadanos.
Uno de los trámites eliminados fue el que le otorgaba al Ministerio del Interior, a través de la famosa Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) la facultad de fiscalizar y controlar las promociones comerciales realizadas por las empresas en favor de los consumidores. Esta medida sobrevivía de las dictaduras militares del siglo pasado. Además, cuando algunos premios no eran reclamados, la Onagi se los apropiaba para supuestos fines de “beneficencia”, lo cual en la práctica terminó disfrazando su utilización para fines personales o políticos.
Sin embargo, por increíble que parezca, ahora mismo, en este Parlamento, a través del proyecto de ley 2183 el congresista Octavio Salazar pretende restablecer dicha facultad al Ministerio de Interior, devolviéndonos un trámite absurdo, costoso y nocivo.
Absurdo, porque usurpa funciones del Indecopi, institución que ya tiene a su cargo, al amparo de diversas leyes, la protección a los consumidores, incluyendo las promociones comerciales. ¿Cuál podría ser la justificación para darle facultades al Ministerio del Interior que duplican e interfieren con las de otra entidad? ¿Acaso la protección de los consumidores? ¿La beneficencia? Esas no son ni debieran ser tareas del Ministerio del Interior. Duplicar una función en distintas entidades estatales no solo es absurdo por redundante, sino porque termina generando duplicidad de criterios, sanciones y costos.
Era costoso porque, increíblemente, las empresas tenían que pagar una tasa por esta fiscalización innecesaria. Y porque esa “fiscalización” causaba demoras que encarecían los costos de almacenaje, transporte, de entrar tarde al mercado, etc. En la práctica, esto le impidió por mucho tiempo a muchas empresas hacer promociones –especialmente a las más pequeñas– eliminando de plano, por ejemplo, la posibilidad de reacción rápida frente a la competencia.
Era, por último, un trámite nocivo, pues, como decía el premio Nobel de Economía Gary Becker, las facultades discrecionales en manos de funcionarios públicos, sumadas a la falta de transparencia en el ejercicio de estas, resultan matemáticamente en corrupción.
Esta es una historia con la que no le ha ido nada bien al Perú. Cuando el Gobierno finalmente acierta y desactiva alguna maraña que entrampa el crecimiento o la iniciativa de los ciudadanos, por otro lado siempre aparece alguien que la quiere revivir.
Pero los peruanos no queremos revivir trámites zombis que buscan proteger los privilegios de algunos funcionarios, aunque el costo sea entrampar la economía y complicarnos la vida. Queremos, más bien, apostar por un país más libre, sencillo y con cada entidad enfocada en lo que realmente le toca hacer.
¿No sería más lógico que el Ministerio del Interior se enfocara en las tareas que verdaderamente le competen, como seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia, el combate al terrorismo y el narcotráfico, entre otras? Es tiempo de que los ciudadanos empecemos a exigir que cada funcionario cumpla con su verdadera tarea.
