Elena Conterno, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería
Gestión, 28 de marzo de 2019
En las últimas semanas, llamó mi atención un informe reciente de Australia titulado “Familias pesqueras sostenibles”, en el que los resultados de una investigación muestran que los trabajadores de la industria pesquera tienen el doble de estrés que el promedio general.
Llamó más mi atención que no fuese el cambio climático o la variabilidad ambiental la razón de ello, sino la incertidumbre sobre cambios en la regulación en el sector.
No podría coincidir más con este hallazgo, en particular en el contexto peruano actual. Y es que a pesar de que la industria pesquera nacional ha tenido cuatro años de pérdidas –y solo uno para empezar a recuperarse–, y que en ese periodo los aportes y pagos no disminuyeron sino que se multiplicaron hasta llegar a 50% de la utilidad operativa según acredita Ernst & Young, el Ministerio de la Producción (Produce) y algunos congresistas buscan aumentar aún más los cargos –cada uno por su cuenta–, en proporciones que llevarían a la industria a una situación de insolvencia.
Produce –en anterior gestión– plantea multiplicar por cuatro los derechos de pesca, en tanto que congresistas plantean multiplicar por diez los aportes sociales por la quiebra de la Caja del Pescador. Ello a pesar de que, como señala el Ministerio de Justicia, no es responsabilidad de la industria financiar el ahorro previsional ni asumir las consecuencias de malos manejos de un sistema que no estaba a su cargo, sino que corresponde a cada persona ahorrar para su jubilación.
Para ambos actores el cambio climático y el impacto del fenómeno de El Niño recurrente en nuestro mar no existen, así como tampoco los costos reales que enfrenta la industria ni la competencia.
Estas propuestas sin sustento conllevan a que las empresas y sus profesionales distraigan recursos y tiempo de generar más riqueza y productividad, a sustentar con informes técnicos y legales –debidamente documentados– la irracionalidad de las mismas.
Hablamos de competitividad y desde el Gobierno se presenta una política para ello, pero se plantean medidas confiscatorias y discriminatorias –según señala Macroconsult–, que no se sustentan en costos reales – según acredita Apoyo Consultoría–, ni análisis de impacto ni de su efecto en nuestra posibilidad de enfrentar la competencia.
La industria de ingredientes marinos siempre ha estado de acuerdo en pagar por su acceso al recurso, lo cual ha venido realizando todos los años, a pesar de tener pérdidas. Y ha venido pagando montos crecientes, que hoy están por encima de lo que paga cualquier competidor.
Desde la SNP, consideramos que la propuesta para nuevos derechos de pesca debe tomar en cuenta los costos reales que tiene la industria, según la información auditada que ha sido alcanzada al Ministerio de la Producción y que la Sunat puede validar; y aplicar un mayor pago cuando recién exista renta económica.
Asimismo, consideramos que se debe aplicar un derecho de pesca equivalente a 30% de renta económica al igual que en el resto de pesquerías, como figuraba en la primera propuesta prepublicada, y no el 50% como ahora lo han planteado, pues resulta un trato discriminatorio.
Necesitamos regulación predecible y cargos razonables, que no pongan en riesgo la viabilidad de empresas y empleos ni el bienestar de las familias pesqueras.
