Por Editorial El Comercio
(31 de Mayo de 2015)
“El agotamiento del extractivismo neoliberal […] ha puesto en la agenda pública la necesidad de revisar de manera sustancial las condiciones en las que se hace minería en el Perú”, dice Tierra y Dignidad en un documento oficial. El partido agrega que “no es viable insistir en una apuesta por crecimiento y bienestar basada en la privatización de los recursos naturales para su explotación intensiva por grandes empresas internacionales”. Estas declaraciones van en línea con el discurso que pretende edificar una barrera imaginaria que separe, por un lado, a los pocos y acaudalados beneficiarios directos de la explotación de minerales, y, por otro, a las grandes mayorías que no solo se ven excluidas de la bonanza sino que son, además, perjudicadas por la contaminación que genera la actividad.
Mirada de cerca, sin embargo, la supuesta barrera resulta porosa y permeable. La verdad es que los efectos positivos de la actividad extractiva para el ciudadano promedio son tangibles, significativos y variados. Desde el punto de vista más amplio, la minería ha aportado aproximadamente un quinto de la recaudación de tributos y cargas a la renta durante los últimos diez años. Además, tiene una contribución excepcional al producto nacional. Por ejemplo, según recordaba en estas páginas Juan Mendoza, director de la maestría en Economía de la Universidad del Pacífico, un año de producción de Conga es equivalente a 300 años de producción agropecuaria en los distritos que, supuestamente, iban a ser afectados por su puesta en marcha.
En el caso del proyecto Tía María, las pérdidas no se limitan de manera alguna a los US$1.400 millones en inversión comprometidos que ya no se ejecutarán. La producción potencial del proyecto es de 120.000 toneladas métricas de cobre al año. Dada la vida esperada de la mina y asumiendo un precio constante del mineral, el valor total de las exportaciones de Tía María superaban los US$10.000 millones, monto que se traduce en más de US$14.700 en producción total para el país si se toman en cuenta las industrias concatenadas (por ejemplo, servicios de consultoría, manufactura, alimentación, transporte, energía, metalmecánica, entre varias otras). Habría que organizar casi 1.000 ediciones de Mistura para generar un impacto equivalente.
Los beneficios de la minería se sienten también en el empleo. El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que por cada puesto de trabajo generado en el sector se crean nueve empleos en otro sector económico. En el caso de Tía María, los 600 empleos directos que se hubiesen requerido en la etapa de producción se habrían multiplicado a 5.400 por las actividades conexas que la minería necesita para operar. De hecho, 14% de la producción del sector manufacturero peruano es adquirido por la industria minera –lo cual contribuye de manera directa a la diversificación productiva–.
Finalmente, el mismo instituto económico señala que cada S/.1 de inversión minera genera en la década siguiente ingresos fiscales de S/.1,41 a S/.1,75. Una inversión entonces como la de Tía María hubiese reportado en diez años más de S/.6.200 millones al Tesoro Público. En otras palabras, solo este proyecto minero hubiese podido proveer al fisco de suficientes ingresos para financiar ocho años del programa Pensión 65. Todos estos cálculos cobran un tono mucho más grave cuando se toma en cuenta que Tía María representa menos del 10% del total de inversiones mineras paralizadas del 2011 a la fecha.
El Perú tiene la enorme ventaja de contar con recursos minerales que pueden alcanzar un impacto como el descrito y no aprovecharlos ahora es absurdo. No solo porque se limitaría enormemente el desarrollo nacional, forzando a más personas a permanecer en la pobreza, sino porque nada asegura que los minerales mantengan su valor a través de los años frente a los avances tecnológicos. Ahí está como ejemplo en la historia nacional lo sucedido con otras exportaciones importantes en su momento, como el guano o el caucho.
Estos datos, sin embargo, son obviados o tergiversados por agrupaciones que disfrazan de ambientalismo posturas ideológicas e intereses políticos. La única apuesta por crecimiento y bienestar en la que no es viable insistir es aquella que demanda apagar el motor que ha empujado a la economía peruana de las últimas décadas.
