Por: J.Eduardo Ponce Vivanco, Exembajador en Ecuador y exvicecanciller del Perú
El Comercio, 16 de octubre de 2019
Quiebra y corrupción es la explosiva herencia que el presidente Lenín Moreno recibió de Rafael Correa, su funesto predecesor (2007-2017): los subsidios a combustibles (US$60.000 millones) equivalen al total de la deuda externa. La gasolina vale –o valía– dos centavos menos que en Arabia Saudí. En el 2014 el gasto público había llegado al 44% del PBI. El forado se “cubrió” con bonos basura y preventas de petróleo a China y Rusia para garantizar financiamiento. El prestigioso exministro de Economía y presidente del BCR, Francisco Swett, afirma que la Comisión Anticorrupción estima las prácticas corruptas en US$37.000 millones, y que los cálculos del BID sobre coimas y sobreprecios ascienden a US$70.000 millones.
Tamaña crisis obligó a Moreno a recurrir al FMI, comprometiéndose a ordenar el caos y estimular la productividad. Pero el reajuste de precios detonó la violencia de masas indígenas organizadas que atacaron la capital. Moreno trasladó su gobierno a Guayaquil, desde donde enfrentó (dubitativamente) la revuelta, evitando tomar medidas decisivas para dominar el vandalismo que ha producido siete muertos y pérdidas inmensas. Sierra y costa no congenian en Ecuador. Mucho menos Quito y Guayaquil, motor económico, puerto principal y primera ciudad en independizarse de España. Los quiteños no olvidarán la decisión inédita de Moreno.
Sin dudarlo, las FF.AA. respaldaron al presidente. Escarmentadas por la misma historia caudillesca y golpista de las peruanas y por el trauma de las revoluciones socialistas de los 70 (Velasco Alvarado en el Perú y Rodríguez Lara en Ecuador) dieron ejemplo de disciplina constitucional. Les chocaba la identificación de Correa con el socialismo del siglo XXI, del ALBA, su desprecio por la prensa libre y la independencia de poderes, así como el alineamiento que forjó con Rusia durante los ocho años del asilo de Assange en su embajada en Londres, donde le otorgó (irregularmente) la nacionalidad ecuatoriana y un pasaporte diplomático para facilitar su frustrada fuga a Moscú.
Después de sus días en Guayaquil (modernizada por las extraordinarias administraciones del opositor Partido Social Cristiano desde 1992); del estado de emergencia; del severo toque de queda en Quito y de las millonarias pérdidas causadas por la violencia indígena, Moreno derogó el Decreto 883 que liquidaba los subsidios. ¿Qué pensarán los ecuatorianos del diálogo de su presidente para “negociar” otro decreto con la ideologizada Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)?
El gradualismo de Moreno y Macri los llevó al FMI, al que Fujimori y Hurtado Miller no tuvieron que recurrir gracias al tremendo ‘shock’ que aplicaron en 1990. Más allá de preferencias políticas (y del populismo del segundo quinquenio fujimorista en los 90), los resultados de esas primeras decisiones son incontestables: el Perú sigue blindado por la sólida macroeconomía que permitió construir el régimen económico de la Constitución de 1993 mientras otros presidentes son crucificados por pactar con el “neoliberalismo” del FMI.
Aprendamos de nuestra historia y de las dolorosas experiencias ajenas. Valoremos el éxito de nuestra economía que resiste la insensatez de nuestros políticos. La claudicación de Lenín Moreno recuerda la de Vizcarra frente a las “autoridades” de Arequipa, a quienes sugirió cómo enterrar Tía María para atraer a la izquierda y las minorías antimineras. La crisis ecuatoriana evoca la amenaza de la nación aimara patrocinada por Evo Morales y los gobernadores del sur del Perú. Ellos admiran seguramente la ideologización beligerante de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador que ha estado a punto de tumbar otro gobierno legítimo en su país.
Días antes de las elecciones bolivianas y frente al inminente retorno del kirchenismo peronista en Argentina, debemos actuar con la prudencia y realismo propios de una política exterior que privilegie el interés superior del Perú.
