Por: ComexPerú
Enero 15, 2021
Las complicaciones del año pasado desencadenaron una de las contracciones de la economía más severas de los últimos 100 años, esperándose una caída en el PBI del 11.5% en 2020, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto significaría un perjuicio mayor al registrado en la región, pues el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un desempeño promedio del -8.1% para América Latina y el Caribe, que se explicaría, principalmente, por la severidad de las restricciones implementadas para mitigar la expansión de la COVID-19. Este escenario parece ser desconocido por el Congreso de la República que intenta, reiteradamente, modificar el capítulo económico de la Constitución y otorgar al Estado la potestad de modificar todos los contratos existentes en búsqueda de proteger, falazmente, el interés nacional, apelando a que la presente crisis se debería a una limitada intervención gubernamental.
Al respecto, en diversas ocasiones del año pasado, se presentaron proyectos de ley (PL) con ese fin[1] y, recientemente, el PL 6872 recogió dicho argumento para debilitar el artículo 62 de la Constitución y permitir la modificación de los contratos mediante leyes cada vez se impida el desarrollo normal de las condiciones establecidas en ellos por conflictos externos, emergencias nacionales de índole sanitaria que afecten la salud o por las condiciones económicas de alguna de las partes. No obstante, esta propuesta también considera una aplicación retroactiva, al establecer que todos los contratos suscritos previos a su aprobación deberán ser revisados, y habilita la capacidad de renegociarlos en un máximo de 60 días, siempre y cuando sea ratificado por el Congreso. Esta medida, contrariamente a lo que se desea lograr, únicamente amenazaría la recuperación económica del país.
MENOR CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD
En particular, el BCRP espera un crecimiento de entre el 11% y el 11.5% para este año, que se encuentra condicionado a la reanudación de los proyectos de inversión, los cuales fueron perjudicados por la interrupción de actividades decretada por el Gobierno. Pero para ello resultará necesaria la inversión privada, la cual el año pasado equivalió al 14.7% del PBI, con lo que supera ampliamente a la pública, que apenas representó un 4.2%. Además, estas proyecciones también enfatizan en el tamaño de la cartera de proyectos por adjudicar de ProInversión, que supera los US$ 7,500 millones, pero lograrlo será aún más complicado si se perjudica la confianza empresarial, que en octubre pasado recién se recuperó (ver Semanario 1057).
Dicho menor crecimiento y mayores dificultades para atraer inversiones privadas también significarían un deterioro en el progreso de proveer adecuados servicios públicos. Esto porque la mayoría de las inversiones destinadas al cierre de la brecha de infraestructura pública de acceso básico de largo plazo serían desarrolladas mediante asociaciones público-privadas (APP), situación que se puede apreciar en la composición del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), en la que 29 de los 52 proyectos serían ejecutados mediante dicha modalidad, lo que significa un desembolso de S/ 8,869 millones. De ellos, 6 se desarrollarían mediante proyectos en activos (PA), los cuales también requieren de la participación privada, y representan S/ 1,788 millones, mientras que 17 proyectos lo harían mediante obras públicas, cuyo valor ascendería a solo S/ 1,431 millones.
Desafortunadamente, debido a la notoria relevancia de las APP y el consenso por adoptarlas en la mayoría de los planes nacionales de la región América Latina y el Caribe, en caso se aprobase esta medida, el Perú también se perjudicaría en materia de competitividad internacional. En particular, se socavaría el arduo progreso de nuestro país, el cual permitió que nos posicionemos como el segundo mejor en capacidad de implementar APP sostenibles y eficientes en el Infrascopio 2019, tras haber superado notorios escándalos de corrupción y desarrollar regulaciones adecuadas para superar los problemas existentes en estos proyectos. No obstante, se debe resaltar que el desempeño peruano también destacó, aunque negativamente, en su capacidad para efectuar renegociaciones de los contratos, pues sería uno de los más permisivos al respecto, en el puesto 17 de las 21 economías consideradas, un resultado que empeoraría al facilitarse aún más estas modificaciones.
Empero, a pesar de las condiciones favorables para desarrollar el país mediante estos mecanismos de inversión, el Congreso continúa considerando pertinente reemplazarlos por iniciativas públicas. En particular, la propuesta en cuestión recomendaba también priorizar la gestión pública de los servicios de educación, saneamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones, bajo el argumento de una presunta mejor gestión de las inversiones. No obstante, esto resulta bastante cuestionable al considerarse los niveles de ejecución en dichos sectores el año pasado, pues los dos primeros superaron levemente el 50%, mientras que el tercero apenas ascendió al 39.6%, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cabe resaltar que, si bien se aprecia un nivel de ejecución considerable en telecomunicaciones al alcanzar un 90.5%, este registró una contracción significativa de su presupuesto programado, el cual se redujo de S/ 1,413 millones a S/ 420 millones.
Evidentemente, la propuesta solo perjudicaría el desarrollo económico y social del país, pues se desincentivaría de forma considerable la inversión privada, la cual representa uno de los principales motores de crecimiento y definirá la recuperación proyectada para este año. Además, si bien el Congreso, en caso lograse aprobar esta propuesta, buscaría sustituirla con la pública, esta persistentemente registra inconvenientes para alcanzar niveles de ejecución adecuados. Lamentablemente, no sería la primera vez que el Parlamento manifiesta su insistencia en políticas inadecuadas que únicamente llevarán a todo lo contrario que prometen.
