Carlos Paredes
Expreso, 26 de agosto del 2024
Aaron Salomón
Periodista perseguido por la Fiscalía denuncia que la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), de tendencia izquierdista, invita a jueces y fiscales a eventos en el extranjero, cubriendo todos los gastos, lo que genera preocupación sobre posibles conflictos de intereses.
Investigación en su contra
La Fiscalía ha iniciado una investigación contra Paredes y Augusto Thorndike por la divulgación de información que revela los fondos que recibe el IDL. Según Paredes, esta investigación constituye un atentado contra la libertad de prensa y el derecho de los peruanos a conocer el origen de estos fondos. Sostiene que el IDL es una poderosa organización no gubernamental que influye en diversos aspectos de la vida nacional, especialmente en el sistema de justicia.
Adoctrinamiento a magistrados
Paredes denuncia que el IDL no es un medio de comunicación, como pretenden presentarse, sino una ONG que ha extendido su influencia en distintos sectores, entre ellos el sistema de administración de justicia. Desde hace años capacitan a jueces y fiscales, lo cual, según Paredes, tiene un trasfondo ideológico. Alega que los magistrados adoctrinados por el IDL suelen fallar a favor de la organización en casos en los que están involucrados, lo que representa un conflicto de intereses.
Conflicto de intereses
Además de las capacitaciones, Paredes acusa al IDL de ofrecer a los magistrados viajes a eventos internacionales con todos los gastos pagados, lo que califica como un beneficio indebido que más tarde se cobra en forma de fallos judiciales favorables a la ONG.
Acusaciones de violación de correspondencia
La investigación contra Paredes y Thorndike incluye una acusación de violación de correspondencia en perjuicio del IDL. Paredes defiende que no han incurrido en ese delito, ya que no han accedido ilegalmente a ninguna carta o documento. Lo que sucedió, explica, es que recibieron de manera anónima siete estados de cuenta del IDL -cuatro en soles, dos en dólares y uno en euros- y los hicieron públicos debido a su interés en la transparencia sobre el uso de fondos extranjeros que, a su juicio, influyen en la vida de los peruanos.
Impacto del IDL
Paredes subraya que el IDL no es una institución neutra ni académica, sino un “poder fáctico” que ha penetrado el sistema judicial, los medios de comunicación y las comunidades nativas. Recuerda que actualmente hay una investigación en curso contra Gustavo Gorriti en el Ministerio Público, relacionada con la delación de Jaime Villanueva, por presuntas injerencias en investigaciones judiciales.
Injerencias en casos judiciales
Paredes critica que el IDL se ha inmiscuido en investigaciones clave, como las relacionadas con Keiko Fujimori y Alan García, lo que, a su juicio, constituye un delito contra la administración de justicia. Según el periodista, esta ONG ha perturbado el proceso judicial, utilizando su influencia sobre fiscales para sellar un pacto que califica como delictivo.
Poder en la Fiscalía
Jaime Villanueva, señala Paredes, ha declarado que el IDL incluso tenía bajo presión al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Sin embargo, Paredes espera que Villena pueda liberarse de esta influencia y restablecer el orden dentro de la institución.
Confianza en la justicia
A pesar de todo, Paredes confía en que el caso en su contra se archivará, ya que considera que la denuncia carece de fundamento. Comparando su situación con la del IDL-Reporteros, que recibió 60 mil audios de manera anónima y los publicó sin ser acusado de violación de correspondencia, Paredes denuncia un doble rasero.
Transparencia y fondos extranjeros
Carlos Paredes cuestiona por qué el IDL se resiste a la fiscalización de sus fondos si todo es legal. Afirma que la ONG está acostumbrada a la opacidad y que por ello se opuso firmemente a un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que busca fiscalizar de manera efectiva a las ONG a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Fiscalización internacional
Finalmente, Paredes sostiene que la fiscalización de los fondos que llegan del extranjero es una práctica común en países del primer mundo, como Estados Unidos, Inglaterra o Australia. En estos países, las agencias de cooperación internacional ejercen un control riguroso sobre las ONG para prevenir que fondos ilícitos, como los provenientes del narcotráfico, ingresen al país.
