Carlos Gallardo Torres
Perú21, 7 de octubre del 2026
«El Estado se encuentra mal organizado para atender al ciudadano, la reforma del servicio civil no avanzó al ritmo que debería».
Hay quienes se niegan a reconocer lo importante de avanzar con reformas estructurales en un país con brechas que cerrar. Las mypes enfrentan trabas para el acceso a financiamiento y carecen de herramientas sólidas para innovar. Además, los regímenes tributarios empresariales no favorecen su crecimiento. Una microempresa produce apenas el 4% de una gran empresa, pero contrata, formal e informalmente, al 70% de los trabajadores en el sector privado. Sin embargo, no ha habido ganas de atender sus problemas.
Nuestras instituciones y legislación impiden que 8 millones de trabajadores de las mypes sean formales. Este problema no se va a resolver con más fiscalización de una Sunafil que casi no atiende la informalidad. Tampoco con más sindicatos, más feriados, un salario mínimo más alto o bonificaciones o utilidades que se reparten solo por asistencia. Aún hay más de 300 mil jóvenes que no recuperan un empleo luego de la pandemia, pero no ha habido ganas.
Muchos procedimientos administrativos son tediosos y sus costos irracionales. Los municipios causan 3 de cada 4 barreras burocráticas. Dificultar su creación y eliminarlas con celeridad requiere de un sistema más ágil. Simplificar administrativamente el Estado significa generar un entorno más propicio para el desarrollo pleno de personas y empresas, pero no ha habido ganas.
El desarrollo del agro, la pesca, la minería y los hidrocarburos presentan diversos desafíos. Las condiciones necesarias para su desarrollo llevan años desatendidas. La mayor burocracia y el deterioro institucional para cumplir incluso con lo más elemental de los plazos administrativos convierten al Perú en una plaza menos atractiva para invertir y generar empleo. Estamos hablando de medidas en sectores que hoy emplean directamente a más de 4 millones de peruanos, pero no ha habido ganas.
El Estado se encuentra mal organizado para atender al ciudadano, la reforma del servicio civil no avanzó al ritmo que debería y fue desplazada por un régimen CAS con personal inamovible. Porque aparentemente es más importante proteger el empleo de un funcionario público que asegurarnos de que los servicios de calidad lleguen al ciudadano. Más de 5 millones de peruanos aún no cuentan con acceso al agua por red pública, pero no ha habido ganas.
En un dictamen en mayoría, algunos diputados de oposición han eliminado las disposiciones que buscaban abordar los aspectos antes mencionados, entre otros, mediante delegación de facultades. Ellos redujeron el pedido de facultades solo a algunos aspectos de seguridad ciudadana y el FEN. Algunos, primero amenazaron con negarlas de pleno, luego con negarlas a menos que el Senado de señales de que no cambiarían lo aprobado por los diputados. Un dictamen en minoría propuso su no aprobación y archivamiento. No ha habido ganas.
En el último quinquenio se otorgaron cinco veces facultades (una a Castillo, tres a Boluarte y una a Jerí) y se emitieron 227 decretos legislativos, pero eso no ha importado, no ha habido ganas de dar facultades ahora en cuestiones estructurales. Si la preocupación era una supuesta reducción de derechos laborales o de estándares ambientales, bastaba con agregar disposiciones, como se ha hecho antes. No ha habido ganas.
Resulta inaceptable ver diputados sin ganas en un país con rezagos importantes en su desarrollo. El resto del país sí tiene ganas y espera más de sus autoridades.
