Por: Carlos Gallardo
Gerente General del Instituto Peruano de Economía
Gestión, 27 de febrero del 2024
La satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el Perú se redujo a la mitad en los últimos 10 años a tan solo 19%, según el Barómetro de las Américas”.
El crecimiento anual de la inversión privada fue de casi 14% entre el 2004 y el 2013, para luego ser de solo 1% en promedio cada año. Ocurrió algo similar con el crecimiento potencial del PBI, que pasó de más de 5% en el periodo 2002-2015 a poco más de 2% desde entonces. Por su parte, la pobreza que venía reduciéndose en promedio casi cuatro puntos porcentuales cada año, habría retrocedido en el 2023 a niveles del 2010. Eso significa 1 millón más de personas pobres que hace un año. Necesitamos inversión privada creciendo a doble dígito para reducir seriamente la pobreza, y eso no es solo responsabilidad de un ministro de Economía, ni del que acaba de asumir, ni de los que lo precedieron.
¿Qué hicieron en respuesta los sucesivos Congresos y Ejecutivos en estos últimos años? Ninguna reforma de gran envergadura. Más bien aprobaron aumentos en remuneraciones del sector público que no vinieron acompañados de una mejora en los servicios al ciudadano. La magnitud de lo aprobado en el presupuesto 2024 es abrumadora: un incremento de S/10,000 millones en remuneraciones (dos terceras partes del aumento fue a iniciativa del Congreso) que es más del doble de todo el incremento promedio entre el 2011 y el 2019 (S/ 3,866 millones).
De esta manera, no solo se viene condenando a la ciudadanía a no tener acceso a servicios o que estos sean de baja calidad, afectando la formación de capital humano, sino que se compromete el crecimiento de largo plazo, necesario para generar mayor bienestar de manera sostenida. En el camino, e igual de grave, se ha fortalecido la percepción de que el sistema democrático –y las autoridades que produce– no resuelve los problemas diarios. Así, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el Perú se redujo a la mitad en los últimos 10 años a tan solo 19%, según el Barómetro de las Américas.
Tomemos tres ejemplos: salud, educación y trabajo, y preguntémonos si algún ministro de estos sectores, autoridades subnacionales competentes y el Congreso respondieron por estos magros resultados, su impacto en la economía y en la reducción de la pobreza.
En salud, el IPE estimó que el salario promedio de un médico habría experimentado un aumento de hasta 46% en términos reales en los últimos seis años, mientras que este aumento habría sido de 60% en el caso de los otros profesionales de la salud. No obstante, indicadores como el de la anemia infantil en niños de seis a 35 meses permanecen por encima del 40%. También persisten los problemas en el acceso, como en Essalud donde en los últimos 15 años (al 2022) el número de consultas aumentó solo en 5% aunque sus ingresos se duplicaron. No es de extrañar, entonces, que la satisfacción de la población con los servicios médicos y de salud públicos haya disminuido de 31% a 20% entre el 2018 y el 2023, según cifras de Ipsos y Lapop.
En cuanto a educación, el IPE estimó que el aumento en remuneraciones de profesores de la escala más baja fue de 42% en términos reales entre 2016 y 2023. Sin embargo, el rendimiento académico satisfactorio en primaria permaneció estancado alrededor del 28% en lectura y descendió a 12% en matemáticas. En este caso, la población satisfecha con la calidad de las escuelas públicas cayó de 45% a 32% entre 2018 y 2023.
Finalmente, en trabajo, el empleo cayó 0.9% en el 2023, la peor caída en más de 20 años con información comparable, con lo que 157,000 peruanos perdieron su trabajo el último año. Tampoco hemos recuperado el nivel prepandemia del empleo adecuado. Pero, en los últimos años, este sector y el Congreso elevaron el costo del empleo formal, afectando en especial a la población de menores ingresos y jóvenes. Lo hicieron con la Agenda 19 y la derogación del régimen especial agrario, entre otros. Como si eso fuera poco, el ministro del sector recordó la promesa del último discurso presidencial de un nuevo aumento en el salario mínimo, como si los salarios subieran por decreto.
Así las cosas, se acaba de confirmar que la economía cayó 0.6% en el 2023, su peor resultado en tres décadas. Suena paradójico, pero, ¿por qué el único que responde por los terribles resultados económicos es el ministro de Economía? Es evidente que no es el único responsable. ¿Cuánto más tiempo se seguirá postergando la discusión seria, técnica y sin populismos de una estrategia para aumentar la productividad y competitividad, que aborde salud, educación y trabajo?, ¿que aborde, además, la informalidad, la inseguridad ciudadana y las economías ilegales?, ¿cuánto más tiempo para ejecutar la reforma política? Y, ¿cuánto más tiempo sin reformular el proceso de descentralización? Quizás el proceso más fallido de este siglo, pero también donde la oportunidad es más grande para cambiar la forma en que se organiza el país para servir a la ciudadanía.
