Carlos Gallardo Torres
Perú 21, 22 de abril del 2026
«El Minem, Osinergmin y Perupetro deben darle predictibilidad a la planificación, regulación y promoción del sector».
Camisea fue descubierto en 1984, pero diversos factores retrasaron su explotación comercial por casi dos décadas. Con su inicio de operaciones en 2004, durante las dos décadas siguientes el país avanzó en la consolidación de una industria de gas natural.
El desarrollo de esta industria no fue producto del azar ni ocurrió por inercia. Detrás de su crecimiento hubo decisiones estratégicas de política pública y fuertes inversiones en infraestructura. Sin embargo, junto con estos avances, siguen presentes desafíos estructurales importantes que, por no abordarse oportunamente, limitan las posibilidades de expansión del sector.
Así, desde el desarrollo de Camisea, no se han puesto en marcha nuevos proyectos de gas natural de gran escala. El entorno para hacer negocios se ha deteriorado y eso se refleja con claridad en el fuerte retroceso de las inversiones en exploración y explotación. Como resultado, el Perú contaría con reservas disponibles de gas natural solo durante algo más de dos décadas.
No fue hasta marzo de 2026, y frente al primer incidente de gran magnitud en el ducto en más de dos décadas que en el país, al menos por unos días, se hicieron preguntas clave. Después de tiempo y alarmados hubo preguntas sobre la suficiencia de las reservas y la falta de desarrollo de redundancia o la capacidad de respaldo del sistema.
La fragilidad institucional explica en parte este problema. El Minem, Osinergmin y Perupetro deben darle predictibilidad a la planificación, regulación y promoción del sector. Con más de 20 ministros en la última década, difícil hacerlo. La tramitología se endureció: el tiempo de aprobación de los estudios de impacto ambiental fue escalando en la última década y tomaron casi el triple del plazo legal en el último quinquenio. Recientemente, una entidad clave como Senace ha ido reduciendo estos tiempos, que en gran medida se deben a retrasos en la ANA.
Expandir redes de gas natural es difícil cuando enfrentas decenas de municipios con procedimientos distintos y amplia discrecionalidad para su aplicación y supervisión. Y si logras superarlo, te encuentras varios años después con un Osinergmin que en el ajuste tarifario puede no reconocer tu inversión para conectar con gas natural a viviendas de un acceso cada vez más complejo. No hay peor regulación del costo de un servicio que aquella que lleva a que este no se preste.
La atención integral de estos desafíos es difícil por eso se sigue posponiendo, pero aprovechar de verdad el potencial energético exige atenderlos. No es menor pues involucra reformas institucionales y regulatorias de magnitud comparables a las que hicieron posible Camisea. La situación de emergencia que vivimos recientemente debe servir para retomar esta tarea. No esperemos dos décadas más para ello.
