Es interesante observar como los grupos que lucran con la conflictividad social y sus aliados políticos reaccionan cuando su accionar se visibiliza. Lo hacen de muchas formas, pero pocos días atrás han publicado un artículo que recurre a la falacia del espantapájaros, para ocultar la labor de los anti-mineros.
Una expresión visible de esa falacia es un artículo reciente del señor Sinesio López en La República.[i] En el inicio de su artículo el autor afirma: “Hay varios mitos sobre los conflictos sociales. El más frecuente es que estos son generados por conspiradores que quieren crear problemas a las empresas y al gobierno.” En el resto del artículo el señor no hace ninguna referencia al rol negativo de los grupos políticos e ideológicos hostiles a la minería.
La falacia consiste en afirmar que, si los conflictos sociales tienen causas diversas, entonces no hay ningún actor organizado que contribuya a la eclosión de los conflictos, ni que eche leña al fuego cuando ellos ocurren. Como es verdad que los conflictos sociales tiene múltiples causas, se concluye que los grupos anti-mineros no existen, o si existen, no hacen nada para empeorar los problemas. Entonces quienes identifican el accionar de los anti-mineros creen en teorías conspirativas.
El problema es que las dos cosas son verdaderas: los conflictos mineros tienen múltiples causas (económicas, sociales, políticas, institucionales, etc.) y existen grupos organizados que alimentan y lucran económica y políticamente de los conflictos. Un hecho no elimina el otro hecho. También es verdad que hay intereses de algunos grupos sociales detrás del conflicto y que hay manipulación de la población. De nuevo, un hecho no elimina el otro. Justamente, lo que hace difícil la solución de un conflicto como el de Las Bambas es que hay intereses de grupos de la población y de aventureros, y hay también manipulación de la población por parte de esos aventureros, de grupos políticos radicales y de ONGs hostiles a la minería, y todos operan de forma conjunta. Por esto va ser tan difícil para el gobierno y la empresa llegar a una solución socialmente legítima y duradera.
Al señalar causas de los conflictos, el autor del artículo toma una frase clarificadora del Primer-vicepresidente de la República, Martín Vizcarra: Más que el polvo, el camión es la expresión del paso de la riqueza delante de sus ojos. Esta frase expresa de manera notablemente clara que el objetivo del conflicto es la extracción de rentas, es el deseo de capturar una parte de la riqueza que está pasando en el camión delante de sus ojos. Lo que no explica el artículo es ¿porqué grupos de la población optan por recurrir a la violencia (bloqueo de carreteras, invasión de instalaciones, y ataque a la Policía) para extraer rentas de una empresa minera, ni cual debe ser la postura de la sociedad y del Estado ante ese tipo de acción?
La extracción de rentas por medio de la acción violenta es un tipo de emprendedurismo destructivo que no genera desarrollo (ver los estudios de William Baumol al respecto[2]), sino que sólo favorece a aventureros políticos y a grupos minoritarios en desmedro de las posibilidades de progreso de las mayorías. ¿Debe entonces este gobierno alimentar el emprendedurismo destructivo, o debe dar una solución que fortalezca las posibilidades de progreso de la región? ¿Qué es lo que favorece al emprendedurismo destructivo, y que favorece a que la minería contribuya a modernizar la economía regional? Estas preguntas deben ser hechas y respondidas por el gobierno al diseñar sus estrategias de negociación.
Es conocido que el emprendedurismo destructivo prolifera donde la generación de conflictos es una actividad rentable. La impunidad para el uso de la violencia es una de las condiciones indispensables para la rentabilidad de ese tipo de emprendedurismo. ¿Dónde está la lógica de que el gobierno opte por la impunidad de la violencia? ¿No necesita el gobierno encontrar una forma inteligente de lograr que la ley se aplique en la región?
El artículo referido termina contradiciéndose, pues cita la necesidad de producir bienes públicos y construir instituciones fuertes (lo que nosotros y muchos estudiosos coinciden), pero lo hace luego de oponerse a que el Estado aplique la ley frente a las movilizaciones violentas que debilitan a las instituciones, y no da ninguna idea de cómo se deben reorientar las expectativas de desarrollo de la población hacia las actividades productivas.
De una cosa estamos seguros, premiar a la violencia y aumentar la rentabilidad del emprendedurismo destructivo no son soluciones duraderas. Si el gobierno opta por ese camino no estará contribuyendo a crear bienes públicos ni a fortalecer a las instituciones, estará alimentando el caos en Apurímac, en el Cusco y en las demás regiones mineras.
En medio de una situación desafiante, el gobierno tiene la oportunidad de demostrar como se puede transformar un conflicto en la puesta en marcha de una opción de desarrollo regional que beneficie a la mayoría de la población, canalizando hacia Apurímac los recursos y las capacidades necesarias para poner en marcha un plan de desarrollo regional que podrá ser financiado con el millonario canon minero y los impuestos que la minería va generar.
Para sustentar el análisis previo, tenemos como ejemplo de la acción de los agitadores, el reciente percance producido en un proyecto de exploración de la mina de Aruntani, donde a pesar de sus buenas relaciones con las comunidades, sin la latencia de ningún conflicto, de buenas a primeras, miembros de la misma comunidad, azuzados por agentes externos, como Gregorio Santos, que estuvo actuando en la zona, pocos días antes de los incidentes. La turba incendió el campamento, saqueó los almacenes y generó pérdidas por unos US$ 10 millones. Escuchemos la entrevista de RPP (ayer, a medio día) a Fernando Valdez, Gerente General de Aruntani: https://www.youtube.com/watch?v=s3wG6pPe66w
Lampadia
[i] Disponible en: http://larepublica.pe/impresa/opinion/820067-los-conflictos-mineros-mitos-dialogo-y-politica
[2] Un buen ejemplo este enfoque está disponible en: http://www.colorado.edu/ibs/es/alston/econ4504/readings/Baumol%201990.pdf
