Jaime de Althaus
Para Lampadia
Los bloqueos en el corredor minero se levantaron el sábado pasado, pero no como consecuencia de la reacción o acción del gobierno sino porque la empresa minera Antapaccay les hizo ver a los dirigentes que no les convenía un bloqueo que perjudicaría los contratos de servicios que la comunidad Tintaya-Marquiri y otras tienen con la mina por más de 40 millones de soles al año.
Hasta ese momento los bloqueos habían cortado la salida del mineral de Las Bambas y Hudbay, que estuvieron 12 días paradas, algo inadmisible.
Los dirigentes de tres comunidades exigían el cumplimiento de un compromiso del ministerio de Transportes del gobierno anterior para asfaltar una carretera, pero los 200 millones de soles que costaba esa obra no estaban presupuestados. El compromiso era engañoso.
Entonces las comunidades anunciaron que harían una asamblea ese mismo sábado para radicalizar la medida y bloquear además otra carretera por la que Antapaccay lograba sacar su producción.
El ministerio de Transportes envió una carta el viernes para sostener un dialogo virtual el sábado a fin de prevenir ese desenlace. Se produjo el diálogo, pero no solo fue infructuoso, sino que terminó mal.
Un par de horas después intervino la empresa para persuadir a las comunidades de levantar el bloqueo con el argumento de las empresas de servicios, a cambio de que el dialogo continuaría en Lima ayer jueves con el ministerio de Transportes para buscar un acuerdo. Al momento de escribir esta nota no se conocía el desenlace.
Pero ese diálogo virtual con funcionarios del MTC que se produjo el sábado pasado sin éxito hubiera podido tener resultados si hubiese estado acompañado de la presencia en la zona de un destacamento policial de, digamos, unos 60 agentes y de un fiscal, para hacer sentir la autoridad y la presión del Estado.
Finalmente, los que bloquean son grupitos pequeños de personas que no tienen el respaldo general de la población. Esos bloqueos no son populares porque muchos tienen producción o negocios que se paralizan. No les conviene. De hecho, como hemos dicho, las empresas comunales que dan servicios a la mina eran las primeras perjudicadas.
De este episodio debemos extraer tres conclusiones.
La primera es que es indispensable reconstruir equipos de alerta temprana en el terreno en la Dirección General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas como los que existían años atrás, que eran capaces de identificar un conflicto en ciernes y anticiparse para evitar que se produzca.
La segunda es que esos equipos o los del MTC o los ministerios respectivos deben estar en coordinación con el ministerio del Interior. En este caso el ministerio del Interior nunca se enteró de que existía este problema o que debía enviar un contingente de policías en apoyo del diálogo. Nadie se lo solicitó.
Y la tercera es precisamente que de ahora en adelante cuando pese a todo se produzca un bloqueo, no se puede enviar a funcionarios a dialogar sin la presencia de un contingente policial disuasivo y un fiscal que hagan sentir que la ley debe respetarse y que hay una autoridad presente para hacerla respetar.
Es decir, hay que pasar del dialogo con chantaje al dialogo con autoridad.
Es decir, restablecer el principio de autoridad, el orden. La gente lo aplaudiría. Esa era la expectativa que sembró este gobierno. Tiene que satisfacerla.
Lampadia
