Pablo Bustamante Pardo
Expresidente de IPAE
Director/Fundador de Lampadia
Como todos sabemos la descentralización ha sido, lamentablemente, un tremendo fracaso.
En buena cuenta ha servido para descargar las responsabilidades de los gobiernos nacionales a las autoridades subnacionales, generalmente improvisadas y sin capacidades de gestión.
Estas, en su gran mayoría han sido capturadas por politicastros locales oportunistas, que han mal usado los recursos públicos abundantes que hemos tenido durante los últimos 30 años, gracias al crecimiento de la inversión minera y energética.
Sus dos propulsores principales fueron Alejandro Toledo y Alan García en su segundo gobierno.
El mecanismo más importante de canalización de recursos hacia las regiones en la descentralización, fue el Canon Minero e Hidroenergético.
Las normas del Canon establecen que el Gobierno Nacional transfiera recursos a los Gobiernos Locales por el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas que operan en sus regiones.
Los Canon existentes son: el Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon Gasífero, Canon Pesquero, Canon Forestal y Canon y Sobrecanon Petrolero. Los cinco primeros son regulados por las Leyes Nº 27506, 28077 y 28322; mientras que el denominado Canon y Sobrecanon Petrolero se regula mediante legislación especial para cada departamento.
La distribución del Canon Minero sigue los siguientes criterios:
Durante el gobierno de Alan García II, para aprovechar los ingresos extraordinarios de las cotizaciones de nuestras exportaciones mineras, en vez de establecerse una sobretasa del impuesto a la renta, se creó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, llamado “Aporte Voluntario”.
Imagen solicitada a Grok
El aporte voluntario fue un pacto extrafiscal y temporal (2007-2011) por unos 500 millones de soles anuales con las empresas mineras para financiar proyectos sociales en zonas vulnerables.
Estaba dirigido a financiar obras de infraestructura básica, como agua potable, electrificación rural, salud, educación y promoción agraria en las zonas de influencia minera.
Los fondos se gestionaron, en gran medida, de manera directa por las propias compañías mineras aportantes en coordinación con las poblaciones beneficiarias y las autoridades locales.
El programa fue un tremendo éxito, tanto por la efectividad de los proyectos, el cumplimiento de sus presupuestos en costos y plazos, y muy especialmente, en la ausencia absoluta de corrupción en su desarrollo.
Además, el porte Voluntario inspiró otro magnífico programa colaborativo entre el sector privado, el Estado y las autoridades de las regiones, OxI, Obras por Impuestos, cuyos proyectos también han sido efectivos, sin sobrecostos ni atrasos, y por supuesto, sin la nefasta corrupción.
Dicho sea de paso, este programa fue eliminado por el desastroso gobierno de Humala-Lerner-Cateriano, desaprovechando una de las mejores experiencias de coordinación Comunidad-Empresa-Estado.
Tal como ha planteado el gobierno de Keiko Fujimori, es necesario revisar la ejecución de los canon para asegurar su efectividad y evitar la corrupción.
En nuestra opinión, se debería adoptar los mecanismos de coordinación y control tripartito del ‘Aporte Voluntario’ del 2007 para el manejo de una parte importante de los recursos de los cánones.
Veamos que piensa el gobierno al respecto.
Lampadia
