Por: Ricardo Uceda
La República, 15 de setiembre de 2020
Nuevos audios amplían el campo de trabajo del Ministerio Público. La discutible independencia de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Una nueva corrupción. Investigando a quien detenta el poder.
Hasta antes del domingo, la implicación penal de los audios de Martín Vizcarra pasó a un segundo plano por la preeminencia del debate sobre la vacancia presidencial. Era lógico. Aun así, ya era posible adelantar que luego de su mandato el presidente afrontaría una investigación por obstaculizar a la justicia. Los primeros audios lo delataron organizando una versión falsa sobre las visitas a Palacio de Gobierno de Richard Swing, cuyas dolosas contrataciones con el Estado están bajo escrutinio del Ministerio Público.
Otros audios, difundidos la noche del domingo ‑y distintos más‑ agravan el escenario. No hay duda sobre su autenticidad, porque Martín Vizcarra los reconoce. En los primeros, situados en Palacio de Gobierno, pese a que faltan corroboraciones, un audio muestra un acto de corrupción en sí mismo, orientado a interferir con las investigaciones de la Fiscalía. Vizcarra queda al desnudo. En las nuevas conversaciones, donde hablan dos personas, una de ellas la recientemente despedida secretaria Karem Roca, se mencionan supuestos actos de corrupción, cada uno de los cuales requiere un despliegue investigativo por parte de la Fiscalía. Son dichos de una persona que hace sus confesiones a otra, el abogado Fabio Noriega. De comprobarse, serían de extrema gravedad.
Las confesiones
Karem Roca se expresa con absoluta convicción sobre el rol del ministro Carlos Estremadoyro como “cajero” del presidente. Esta palabra es repetida para referirse a un empresario, Claudio Vanini, quien con su esposa posee un grupo empresarial ganador de obras públicas y que tendría una estrecha relación con Mario Vizcarra, hermano del mandatario. Aunque las referencias son coloquiales e imprecisas, hace falta investigarlas radicalmente. Vizcarra ha mantenido un control absoluto, obcecado y anormal, a través de allegados moqueguanos, sobre los ministerios de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones. La prensa que no está enamorada con la imagen de Vizcarra como paladín de la lucha anticorrupción ‑es remarcable, entre otros, el distinto ánimo de Panorama, que dirige Rosana Cueva‑ ha publicado informes parciales al respecto.
Según Roca, el ex ministro de Vivienda Rodolfo Yáñez se negó a mentir para encubrir la historia de contratos en el Ministerio de Vivienda en favor de la ex pareja de la secretaria general de la Presidencia, Mirian Morales, y del esposo de su adjunta, María Aguirre. Ante lo cual Vizcarra lo sacó y colocó en su lugar a Carlos Lozada. El funcionario que los nombró, Ciro Zavaleta, habría sido premiado con un cargo en el Ministerio del Interior.
El encubrimiento
Por otra parte, los audios elevan hasta un nivel de gran conspiración el operativo para librar a Vizcarra de toda responsabilidad en los contratos de Richard Swing. Roca narra la permanencia ocultada a la seguridad de Palacio de Gobierno, durante casi todo un día, de la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena, a fin de que pudiera hablar tranquilamente con Vizcarra respecto de la versión que brindaría a los investigadores. Ella fue la primera de seis ministros del sector que contrató delictuosamente a Swing, quien tras dos años se embolsicó 155,400 soles. A Balbuena le habrían prometido un puesto en el exterior.
En un informe emitido a comienzos de mes, la Contraloría General de la República encontró responsabilidad en dieciséis funcionarios de Cultura por las contrataciones de Swing. En la versión de Roca, el secretario general del ministerio, Jorge Antonio Apoloni, ha asumido toda la culpa. Se confundió, fue negligente, no estableció los términos de referencia adecuados para la contratación.
¿Es posible corroborar estos asertos? Para fiscales empecinados será más sencillo reconstruir la arquitectura del blindaje a Vizcarra en el caso Swing, que descubrir si el presidente recibió coimas en obras de construcción. Aquí llegamos a un aspecto clave de la problemática, más importante aún de lo que ocurra en el Congreso. ¿Hay algún nivel de infiltración del gobierno en las fiscalías?
La amiga Zoraida
Lo que dice Karem Roca puede ser falso, una invención originada en su resentimiento. El Ministerio Público debe esclarecerlo. Pero ella asegura haber sido testigo de la relación estrecha, impropia, entre el presidente y la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Fruto de la misma habría sido la facilitación de un mayor presupuesto institucional y la priorización de denuncias ante el Congreso contra los parlamentarios Edgar Alarcón y Omar Chehade.
Karem Roca sostiene, además, que el nombramiento de la esposa del fiscal José Domingo Pérez en Perú Compras fue un favor de Vizcarra. Pérez, como se sabe, investigó inicialmente denuncias que recibió Vizcarra por su gestión como gobernador en Moquegua. Pablo Sánchez, en la versión de Roca, también formaría parte del entorno palaciego. Ayer el Ministerio Público informó que abrió una investigación preliminar contra Pérez y este negó las imputaciones.
Nueva corrupción
¿De qué manera el Ministerio Público va a brindar garantías de una investigación independiente? Hay fuertes indicios de que oscila entre un sector corrupto y otro aliado del gobierno. Es indudable que durante el proceso de investigación de los audios su labor debe estar bajo el escrutinio de la Junta Nacional de Justicia, del Congreso y de la prensa. No hay que olvidar que la estatua erigida a la Fiscal de la Nación tiene bases de barro. Es muy posible que aparezcan evidencias de que su ascenso tuvo como arquitecto al manipulador del ex CNM José Luis Cavassa.
En un ambiente polarizado, las instituciones del Perú deben investigar una nueva corrupción, la de un cacique provinciano que accedió al poder por circunstancias únicas.
