Óscar Zapata
Expreso, 15 de febrero del 2026
«El caso Intercorp debe servir como advertencia: son reglas claras, sin instituciones que actúen con imparcialidad, el país se condena a la incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo del desarrollo»
En el Perú, la empresa privada ha sido el motor de desarrollo, inversión y empleo. Sin embargo, episodios recientes como el cierre intempestivo de locales de Intercorp por parte de autoridades municipales ponen en riesgo no solo la estabilidad de las compañías, sino la confianza misma en el Estado de derecho. Cerrar establecimientos sin resolución firme ni debido proceso no es fiscalización: es abuso de autoridad.
La empresa no puede ser tratada como sospechosa permanente ni como rehén de intereses políticos coyunturales. La ley existe para ser aplicada con rigor, pero también con coherencia y proporcionalidad. Cuando se vulnera ese principio, lo que se erosiona no es solo la reputación de una compañía, sino la confianza de miles de trabajadores, proveedores y clientes que dependen de su operación.
El empresariado peruano ha demostrado resiliencia en crisis económicas, inestabilidad política y tragedias que han exigido respuestas rápidas y responsables. Pero lo que no puede tolerarse es la arbitrariedad disfrazada de fiscalización. La empresa privada merece respeto porque es, en esencia, el espacio donde se generan oportunidades, innovación y bienestar. Atacar a la empresa es atacar al empleo y a la inversión.
“La empresa no puede ser culpable por defecto ni víctima de arbitrariedades municipales. Defenderla es defender el empleo, la inversión y el futuro del país.”
El caso Intercorp debe servir como advertencia: sin reglas claras, sin instituciones que actúen con imparcialidad, el país se condena a la incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo del desarrollo. Defender a la empresa no es defender a un grupo económico en particular; es defender la posibilidad de que el Perú siga siendo un país atractivo para invertir, producir y crecer. Hoy más que nunca corresponde al sector privado levantar la voz y exigir coherencia institucional. Porque sin empresa no hay empleo; y sin empleo, no hay futuro.
