Por Juan Mendoza Pérez
(Perú 21, 16 de Mayo de 2015)
El costo principal de los sucesos en Islay es la pérdida del principio de autoridad y la amenaza al Estado de derecho. Pero la paralización de Tía María también tiene un costo económico directo que no deberíamos ignorar. En particular, el proyecto hubiese incrementado el ingreso de la región Arequipa en 12%.
Es inaudito que un grupo de presión sea capaz de desconocer abiertamente el principio de autoridad y el monopolio en el uso de la fuerza del Estado peruano, amén de ignorar olímpicamente las leyes y procedimientos públicos. La pérdida de credibilidad del Estado, consecuencia de la total ineptitud del presente gobierno para enfrentar el impasse en Tía María, será una factura que futuros gobiernos tendrán que pagar.
La oposición al proyecto se basa en la supuesta contaminación del agua. Pero, el lector informado ya sabrá que Tía María no hubiera utilizado ni una gota de agua del río Tambo. En efecto, el proyecto hubiera desalinizado agua de mar precisamente para evitar cualquier posible contaminación del agua del río.
El primer costo económico es el enorme desaliento a la inversión minera que la paralización de Tía María significará. Ningún inversionista privado estará seguro que el seguir la ley y los reglamentos establecidos sea garantía de que un proyecto pueda realizarse. Así, en los años venideros penderá sobre toda inversión, cual espada de Damocles, la amenaza de un nuevo Tía María. En este escenario de desconocimiento de la autoridad del Estado, la tasa de rentabilidad pasa completamente a segundo plano.
El segundo costo económico de la paralización de Tía María es la pérdida de divisas. El proyecto hubiera producido 120,000 toneladas de cobre al año. Ello le hubiera permitido al Perú incrementar su producción de cobre en 9%. Esta producción adicional hubiera representado 780 millones de dólares de mayores exportaciones anuales durante 18 años. Utilizando el multiplicador de la minería, las exportaciones adicionales hubiesen incrementado el PBI de Arequipa en alrededor de 1,220 millones de dólares por año.
Asimismo, la realización de Tía María hubiese aportado alrededor de 250 millones de soles anuales en tributos al tesoro público. De este total, al menos 75 millones hubiesen incrementado las arcas de los municipios de Islay cercanos a la frustrada operación minera.
Cuando mañana nos sigan faltando escuelas, carreteras y hospitales, y sigamos mordiendo el polvo de la pobreza no nos preguntemos por qué.
