Con polarización no hay reforma

 

La gran oportunidad que se nos ha abierto para realizar una reforma profunda del sistema judicial luego de las conversaciones reveladas en los audios se podría echar a perder si es que ella se convierte en un capítulo más de la guerra fujimorismo-antifujimorismo, porque es imposible avanzar en reforma seria alguna en medio de una escalada de invectivas.

 

Es cierto que voceros fujimoristas han reaccionado más indignados con la filtración de los audios que con su hediondo contenido, casi como si tuvieran algo que ocultar, y no se puede descartar alguna intencionalidad anti Keiko Fujimori en la difusión de algún audio, pero ni una ni otra cosa debe hacernos caer en la trampa de una estéril polarización ni se debe aprovechar los audios como botín político ni para pedir adelanto de elecciones y nueva Constitución como –qué novedad– quiere la izquierda.

 

Porque la corrupción en el sistema judicial tiene raíces mucho más profundas que el poder eventual que pueda tener una u otra fuerza política. Estamos ante instituciones de corte patrimonialista gobernadas por redes internas de poder –basadas en relaciones familiares, amicales, de promoción universitaria y de filiación política– que eventualmente se convierten en redes de corrupción. Son sistemas de intercambio de favores que pueden ir más allá de lo legal. La gran tarea de la reforma es precisamente realizar el tránsito de organizaciones de base patrimonialista a organizaciones cimentadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados. De organizaciones auto-centradas en organizaciones centradas en las demandas de la sociedad.

 

Diseñar y aprobar dicha reforma necesita de un trabajo muy profesional y de una decisión política firme que pueden fácilmente sucumbir si esto se convierte en una guerrilla entre demonios. El Congreso va a tener que tomar decisiones contra la opinión del Poder Judicial: ir a una Corte Suprema pequeña y de alto nivel abocada solo a sentar jurisprudencia; alargar el período del presidente del Poder Judicial a 4 años empoderándolo a él y al gerente general; permitir que la Corte Suprema pueda encargar a un equipo internacional llevar a cabo una reingeniería interna; implantar un sistema de evaluación de desempeño riguroso de jueces y fiscales que sea fundamento de los ascensos y del retiro de la carrera en caso de incompetencia.

 

La clave del sistema está en la selección de jueces y fiscales idóneos. La experiencia que hemos tenido con miembros del CNM elegidos por el Poder Judicial, el Ministerio Público, colegios profesionales y universidades, que por lo general no alcanzaron el nivel profesional y ético suficiente, lleva a plantear la elección de los consejeros por medio de un concurso público serio llevado a cabo por una junta de notables intachables o alguna institución distinguida.

 

Por último, los estudios de abogados tendrían gran predicamento en la elaboración de la reforma si es que firmaran de una vez el código de buenas prácticas o pacto antisoborno que no se atrevieron a firmar años atrás. Tendría poderes regenerativos. Amén.