Gustavo Yamada, Director del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico
El Comercio, 16 de julio de 2017
Así se titula un reciente reporte del Banco Mundial sobre América Latina. Es un momento decisivo porque la demanda por educación superior se ha multiplicado en las últimas décadas. La proporción de jóvenes entre 17 y 22 años que asisten a universidades e institutos creció de 17% en 1991 a 40% en el 2010. Esta ha sido la expansión comparativa mundial más grande de estas últimas décadas.
En el caso peruano, ya estamos en una matrícula bruta cercana al 50%, según la Unesco. Esta mayor demanda no ha sido solo de parte de los hijos de una élite tradicional, sino que se trata de la primera generación de diversas familias de clases populares y emergentes que aspiran acceder a la educación superior como vehículo de movilidad social.
Hemos tenido un gran avance cuantitativo, pero los problemas de heterogeneidad de calidad, pertinencia y empleabilidad son más evidentes. Ello tiene que ver con la forma en que la oferta respondió a esta mayor demanda. Las universidades públicas de prestigio se estancaron en población estudiantil y estándares de calidad académica debido a la crisis económica del Estado y la politización excesiva de los claustros. Una buena parte de las universidades privadas de calidad se expandieron, pero no a las tasas requeridas para absorber la mayor demanda potencial.
En este sentido, la nueva legislación para abrir universidades e institutos decretada en los noventa puede explicarse como una respuesta ante esta demanda inédita. Sin embargo, esta no fue acompañada por una regulación necesaria para monitorear eficazmente la calidad y pertinencia de la oferta. En el CIUP evidenciamos que los estándares de calidad promedio de la nueva oferta fueron menores a los previamente vigentes y este deterioro explicaría los mayores niveles de subempleo profesional actual. También es cierto que los estándares académicos de los nuevos jóvenes ingresantes fueron inferiores.
En estos últimos tres años se está implementando progresivamente un nuevo modelo de regulación universitaria y de institutos, para que todo el sector llegue a equilibrios de acceso y calidad razonables que contribuyan a brindar mejores oportunidades a las familias e impulsen el desarrollo. Los procesos de licenciamiento y acreditación, y la difusión de información de empleabilidad de egresados con Ponte en Carrera son imprescindibles.
En el Consejo Nacional de Educación estamos formulando una propuesta de política integral de desarrollo de la educación superior de largo plazo. Esta servirá para que nos terminemos de enrumbar, con mayores niveles de acceso y mucha mayor calidad, al desarrollo de capital humano de alto nivel que alimente lo que será el nuevo Proyecto Educativo Nacional al 2036.
P.D.: En la columna anterior revisamos lo poco invertido en ciencia, tecnología e innovación. Hoy nos esperanza la designación de Fabiola León-Velarde, brillante científica y gestora universitaria, como presidenta de Concytec.
