Jaime de Althaus
El Comercio, 10 de octubre del 2026
“La comunicación del gobierno tiene que organizarse mejor”.
Desde la Constitución de 1979, que crea la institución de la delegación de facultades legislativas, todos los gobiernos las solicitaron y todos los congresos las concedieron. Tal como viene la cosa, este será el primer Congreso que niegue la mayor parte de las facultades solicitadas, y ninguna en lo relativo a formalización, modernización del Estado y facilitación de la inversión privada para potenciar el crecimiento. Es obstruccionismo sin precedentes, donde el Partido del Buen Gobierno tiene una responsabilidad especial porque su plan de gobierno es afín al de Fuerza Popular.
Pero esta realidad debe llevar al gobierno a pasar a una nueva etapa. Tiene que empezar a jugar con la opinión pública, para buscar su respaldo. Eso significa dos cosas: empezar a actuar y hablar claro.
Vemos que el gobierno está empezando a actuar. Creó el comando unificado que ha empezado a realizar intervenciones y hemos visto a la propia presidenta presente en operaciones en Trujillo y en el penal El Milagro. Pasar a la ofensiva era fundamental. La Cámara de Diputados no dio la facultad para que las Fuerzas Armadas puedan, por ejemplo, concesionar el control externo de los penales, pero entonces debería hacerlo el Ministerio de Justicia. En el Senado debería aprobarse la facultad para destinar penales en desuso a cárceles temporales y declarar las organizaciones criminales grupos hostiles, para que las Fuerzas Armadas puedan actuar. Y debe comenzarse ya con la construcción de nuevos pabellones en las cárceles existentes. Lo importante es romper la inercia.
Lo segundo es hablar claro, comunicar, explicar qué se quiere lograr, cuáles son los grandes objetivos del gobierno, qué reformas se necesita introducir para lograrlos, y qué apoyo del Congreso se va a requerir. Mucho de eso estaba en las facultades que no se dieron, pero no hubo explicación a la opinión pública acerca de por qué se necesitaban pese a que alrededor del 80% de la población estaba de acuerdo con que se otorgaran. Y no se hablaba claro para no provocar la negativa del Congreso, lo que de nada sirvió.
Entonces es hora de empezar con la desregulación profunda del Estado y de las actividades económicas. El 70% de las normas se dieron por decreto supremo, de modo que no se necesita ley para derogarlas. Está en diseño un proyecto de digitalización profunda, que no se ha dado a conocer. Es hora de empezar con la reorganización radical de los ministerios y otras instituciones, fusionando o eliminando direcciones, programas y proyectos redundantes o inútiles, puro gasto improductivo. Todo esto se puede hacer también por decreto supremo. Hasta ahora solo el Ministerio de Energía y Minas ha sido declarado en reorganización.
La comunicación del gobierno tiene que organizarse mejor. El gobierno debe tener una narrativa clara de a dónde va, cuáles son los pasos que va a dar y las dificultades que tiene si quiere conseguir el apoyo y la voluntad de colaboración de la población y de los distintos actores sociales e institucionales. Tiene que mostrar un proyecto claro y la presidenta transmitir un sentido de misión, que es algo que da la impresión que ha comenzado a hacer.
