Raúl Benavides Ganoza
El Comercio, 11 de octubre del 2026
“Combatir la minería ilegal seguirá requiriendo presencia del Estado […]. Pero estamos dejando relativamente desatendida una herramienta decisiva: controlar cuando el oro intenta ingresar a la economía formal”.
La minería ilegal del oro se ha convertido en uno de los mayores problemas económicos, ambientales y de seguridad del Perú, como he señalado anteriormente en estas páginas. Sin embargo, buena parte de los esfuerzos del Estado se concentra en perseguir al minero en el lugar donde extrae el mineral. Es necesario mirar también el otro extremo de la cadena: ¿quién compra ese oro y cómo ingresa al mercado formal?
Un reciente estudio del Instituto Igarapé, que analiza los casos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, plantea una idea sencilla pero poderosa: uno de los principales puntos de control debe ser la primera compra formal. Es allí donde un mineral de procedencia incierta puede adquirir, mediante documentos y una transacción comercial, apariencia de legalidad.
En el Perú, este punto puede estar asociado a la planta de procesamiento o al primer comercializador. Y allí existe una oportunidad enorme de control.
Tenemos miles de pequeños productores dispersos en territorios difíciles de fiscalizar. Pretender controlar permanentemente cada operación minera resulta complejo y costoso. Los compradores y procesadores formales, en cambio, constituyen un universo mucho más reducido, identificable y susceptible de supervisión.
El Perú ya cuenta con instrumentos para hacerlo. El Ministerio de Energía y Minas administra registros vinculados a quienes comercializan y procesan oro (Repco). El problema aparece cuando registrar reemplaza a verificar.
Esta diferencia es fundamental.
Que una persona esté inscrita o habilitada para comercializar minerales no demuestra que el oro que entrega provenga realmente del lugar declarado. De la misma manera, una factura no convierte automáticamente en legal al mineral que la sustenta.
Antes de comprar, debería verificarse quién vende, bajo qué derecho lo hace, de qué concesión o zona procede el mineral y, especialmente, si la cantidad comercializada resulta razonablemente compatible con la capacidad de producción de ese lugar.
Esto introduce una dimensión diferente en el debate sobre el Reinfo. Durante años hemos discutido quién debe permanecer en el proceso de formalización, quién debe ser excluido y cuánto tiempo más debe prolongarse. Pero hemos prestado menos atención a una pregunta igualmente importante: ¿quién compra el oro producido y qué responsabilidad asume al hacerlo?
La responsabilidad no puede terminar en el productor. Quien compra oro debe realizar una debida diligencia razonable sobre su procedencia.
Además, cada transacción debería dejar una huella verificable: vendedor, comprador, origen declarado, fecha, cantidad, pureza, precio y medio de pago. Esa información tendría que poder ser contrastada entre las autoridades mineras, tributarias, aduaneras y de inteligencia financiera.
También debemos reducir progresivamente el efectivo. No significa excluir al pequeño productor del sistema. Hoy existen alternativas que hace algunos años no teníamos. Incluso las operaciones de menor monto podrían realizarse mediante billeteras digitales u otros mecanismos electrónicos, generando un registro de quién pagó, quién recibió y cuánto se transfirió.
Otra propuesta interesante del estudio es registrar las operaciones rechazadas. Si un comprador encuentra inconsistencias y decide no adquirir determinado lote de oro, este no debería simplemente recorrer distintos establecimientos hasta encontrar a alguien dispuesto a aceptarlo.
Finalmente está el problema regional. El oro no reconoce fronteras. Si el Perú endurece sus controles mientras un país vecino mantiene exigencias mucho menores, el negocio ilegal buscará naturalmente la salida más fácil. Por ello resulta razonable avanzar hacia estándares mínimos comunes entre los países amazónicos.
Combatir la minería ilegal seguirá requiriendo presencia del Estado, fiscalización ambiental, formalización y persecución de las organizaciones criminales. Pero estamos dejando relativamente desatendida una herramienta decisiva: controlar el momento en el que el oro intenta ingresar a la economía formal.
Porque detrás de cada gramo de oro ilegal que llega al mercado hay dos actores. Alguien que lo extrae. Y alguien que decide comprarlo.
