Por: Gonzalo Ruiz Díaz, Economista asociado, Macroconsult
Gestión, 16 de setiembre de 2020
La crisis desatada por la pandemia ha obligado a postergar, en varios países de la región, los concursos para la adjudicación de proyectos de infraestructura a través de asociaciones público-privadas (APP). En el caso del Perú, sin embargo, este retraso se venía observando desde mucho tiempo atrás como resultado de diversos factores, entre los que destacan las considerables demoras en la ejecución de proyectos emblemáticos, las investigaciones vinculadas a casos de corrupción y la parálisis generada por la acción fiscalizadora de los órganos de control, entre otros.
En este contexto, la figura de la obra pública ejecutada mediante convenios Gobierno a Gobierno (G2G), con la intervención de oficinas de gerenciamiento de proyectos (PMO) mediante la ejecución de contratos NEC (New Engineering Contracts), parecen haberse convertido en la opción preferida por las autoridades para la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en el país.
En los últimos años, el Gobierno ha ensayado diversas medidas con el objetivo de revitalizar el sistema de promoción de inversiones en infraestructura en el país. Durante el 2016, se aprobaron criterios de elegibilidad para la selección e implementación de proyectos de APP, entre los que destacan el tamaño o escala del proyecto, el nivel de transferencia de riesgos y la capacidad de medición de calidad del servicio.
El objetivo de dicha disposición era evitar la ejecución de proyectos mediante una APP cuando ello sea muy costoso o ineficiente (los llamados errores tipo 1) o rechazar el uso de esta modalidad de implementación de proyectos, cuando efectivamente esta resulta ser la mejor alternativa (errores tipo 2).
La experiencia peruana muestra que se ha incurrido en ambos tipos de errores. El fracaso de la concesión del servicio de agua y saneamiento en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar en 2005, cuyo contrato fue resuelto en noviembre del 2018, evidencia que dicho proyecto no cumplía con criterios de elegibilidad (error “tipo 1”). La experiencia internacional muestra que la promoción de la inversión privada en agua y saneamiento ha sido exitosa en proyectos de escala mediana o grande y en ciudades o regiones de alta densidad poblacional.
En los últimos meses, las decisiones adoptadas respecto a la modalidad de implementación de proyectos como las líneas 3 y 4 o Chinchero, parecen desconocer los lineamientos aprobados en el año 2016 incurriendo en los llamados errores del “tipo 2”: en todos esos casos, se trata de proyectos cuya implementación sería más eficiente mediante APP.
El marco institucional asociado a las APP tiene, sin duda, varias oportunidades de mejora, tanto en lo que respecta al diseño y promoción como a la ejecución de este tipo de proyectos. Emprender esas reformas es parte de la agenda pendiente. Sin embargo, con todos sus defectos, la implementación de proyectos elegibles mediante APP sigue siendo una opción superior a su ejecución como obra pública.
