Por: Diana Seminario
El Comercio, 30 de Junio del 2023
“El Congreso como institución nacional merece todo nuestro respeto y agradecimiento, pero los parlamentarios delincuentes deben ser sancionados ejemplarmente y los grupos que los llevaron a ser elegidos deben hacerse cargo”.
El Congreso de la República debe ser la institución nacional más vapuleada por la ciudadanía, pero a la vez la más importante para la democracia y el Estado de derecho. Si no fuera por la oportuna reacción del Parlamento y las demás instituciones nacionales, ahora mismo el Perú estaría viviendo una dictadura corrupta. Y no estoy exagerando.
Criticar a los congresistas es también un deporte nacional, y muchos de ellos se lo merecen largamente. Los ‘mochasueldos’, los blindadores de los ‘mochasueldos’, ‘Los Niños’ y sus protectores, los tránsfugas y siguen. Pareciera que hablamos de nombres de bandas con los que la policía bautiza a grupos de delincuentes que cometen fechorías, pero no, son los apelativos con los que la prensa y la cultura popular bautizan a los parlamentarios que actúan fuera de la ley. Alguna vez hemos tenido ‘comepollo’ y ‘robacable’.
Pero, más allá de la creatividad de los nombres y la repercusión mediática de estos casos, es lamentable que personajes con estas características hayan llegado hasta el Legislativo, y no culpemos solo a los electores, puesto que gran responsabilidad recae en las agrupaciones políticas que llevan como candidatos a personas de dudosa reputación, empobreciendo la propuesta que le presentan a los votantes.
Sin embargo, hablar del Congreso y de los congresistas en general, colocando a todos en un mismo saco, resulta una injusticia porque, como sabemos, los delitos son personales y los parlamentarios que los han cometido no solo tienen nombre y apellido, sino, sobre todo, partido de procedencia.
La generalización no solo afecta la democracia, sino que abona el terreno para arrebatos radicales que suelen pescar a río revuelto y sueñan con gobernar sin contrapesos, sin fiscalización y a punta de decretos. El ideal de un tirano es prescindir de un Parlamento en el que no tenga mayoría y tener a su disposición una prensa complaciente. Ya sabemos cómo terminan esas aventuras.
Por eso, y en justicia, es necesario recordar de la que nos ha salvado el Congreso en los últimos 30 años. En el 2000, el Parlamento que había albergado a más de un tránsfuga, como Alberto Kouri que nos regaló el célebre primer ‘vladivideo’, fue el que nos condujo a la transición democrática y eligió a Valentín Paniagua, quien convocó elecciones en el 2001.
Los congresistas elegidos para complementar el período parlamentario que se vio interrumpido en el 2019 por el golpista Martín Vizcarra fueron los que lo vacaron con 105 votos a favor y los mismos que aprobaron su inhabilitación política.
Este impopular Congreso decretó con 102 votos la vacancia del también golpista Pedro Castillo ese inolvidable 7 de diciembre del 2022.
Y, hace poco más de una semana, el Parlamento decidió la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por su decisión de investigar a Pedro Castillo recién al término de su mandato cuando era fiscal de la Nación. La decisión se adoptó con 71 votos a favor.
Es urgente señalar y denunciar a los parlamentarios que no solo traicionan el mandato popular, sino que cometen delitos. Nos faltaría espacio para enumerar a quienes –solo en la actual composición del Legislativo– han actuado fuera de la ley.
Sin embargo, es también importante determinar su nombre y procedencia política y apuntar a quienes los protegen y defienden a cambio de favores políticos.
El Congreso como institución nacional merece todo nuestro respeto y agradecimiento, pero los parlamentarios delincuentes deben ser sancionados ejemplarmente y los grupos que los llevaron a ser elegidos deben hacerse cargo.
