David Tuesta
Perú21, 28 de mayo del 2026
«Uno de los aspectos donde el Perú viene siendo observado es la coordinación interinstitucional para enfrentar riesgos financieros y posibles episodios de estrés sistémico».
Las economías modernas funcionan sobre un activo invisible, pero fundamental: la confianza. No solo entre privados, sino —sobre todo— en que el Estado cumplirá lo que promete. Cuando esa percepción se erosiona, aparecen los costos: menos inversión, mayor riesgo y deterioro de la credibilidad institucional.
Eso empieza a reflejar el incumplimiento de pagos vinculados al Bono del Buen Pagador (BBP) administrado por Produce y financiado por el MEF. A primera vista, podría parecer un problema operativo o presupuestal. Pero es bastante más delicado. En realidad, revela descoordinación institucional y falta de prioridades, además en un momento sensible: el proceso de adhesión del Perú a la OCDE.
La OCDE no evalúa solo estabilidad macroeconómica o cifras fiscales. Evalúa calidad institucional, capacidad del Estado para coordinar políticas públicas, gestionar riesgos financieros y responder de forma predecible frente a obligaciones asumidas.
Precisamente, uno de los aspectos donde el Perú viene siendo observado es la coordinación interinstitucional para enfrentar riesgos financieros y posibles episodios de estrés sistémico. Y el caso del BBP muestra exactamente la vulnerabilidad que se buscaba evitar. El retraso en las transferencias genera un problema que va mucho más allá de las mypes afectadas.
Además, aparece un problema clásico de teoría económica: la distorsión de señales de riesgo. Cuando el Estado impulsa programas de garantías o subsidios crediticios, el sistema financiero incorpora esos compromisos como parte esperada del esquema de pagos. Pero si luego el propio Estado incumple, la percepción de riesgo cambia inmediatamente.
El resultado es previsible: las entidades financieras endurecen condiciones crediticias, encarecen financiamiento o restringen exposición hacia segmentos vulnerables, precisamente aquellos que se buscaba apoyar. En términos macroeconómicos, el efecto termina siendo procíclico: en lugar de amortiguar restricciones financieras, el Estado termina amplificándolas.
Pero quizá el aspecto más preocupante sea el institucional. Este episodio deja expuestas varias debilidades: ministerios que implementan políticas financieras sin adecuada articulación; ausencia de alertas tempranas entre política fiscal y supervisión financiera; y falta de protocolos claros para manejar contingencias derivadas de obligaciones estatales.
Todo ello transmite una señal muy negativa: un Estado representado por el MEF y Produce que no logra coordinarse para sostener compromisos relativamente acotados difícilmente proyecta fortaleza institucional frente a escenarios más complejos. Y además genera potenciales riesgos sobre el mercado financiero. Esto difícilmente pasará inadvertido por la OCDE.
Las consecuencias podrían ser observaciones adicionales, exigencias correctivas, mayores condicionalidades o retrasos en evaluaciones favorables. Pero incluso eso tiene costos reputacionales importantes para un país que necesita consolidar credibilidad frente a inversionistas y mercados internacionales. En resumen, podríamos terminar retrasando una eventual invitación a la OCDE. Parece que nuestras prioridades país están de cabeza.
