Anthony Laub
Perú21, 30 de setiembre del 2026
«El país no necesita que el Congreso se ponga de acuerdo con el gobierno en todo. Necesita que, frente a emergencias concretas, elija entre ser un contrapeso serio o convertirse, una vez más, en el obstáculo».
En mi columna anterior, “La izquierda en lo suyo”, señalaba un patrón que se repite aquí y en cualquier democracia: cuando la izquierda no gobierna, su estrategia por defecto es obstruir antes que proponer. No es una opinión gratuita, es lo que estamos viendo estas semanas en el Congreso.
El gobierno de Keiko lleva apenas dos meses y ya enfrenta dos frentes simultáneos: el pedido de facultades legislativas sigue empantanado, y ahora se suma el pedido de censura contra el ministro del Interior, con el argumento de que no se está haciendo nada frente a la criminalidad. La objeción sería más creíble si no viniera de quienes, en su propio gobierno, vieron crecer esa misma criminalidad sin ofrecer una respuesta distinta.
Aquí está el problema de fondo: pedir facultades no es pedir un cheque en blanco, es pedir herramientas para responder rápido a emergencias que no esperan. Se puede desconfiar del gobierno de turno -es legítimo, es sano en una democracia- pero desconfiar no debería significar automáticamente bloquear. Ese es el salto que la oposición no ha sabido dar: de la crítica razonable al veto sistemático.
Y las emergencias son reales, no retórica de columna. Las primeras lluvias en el norte ya adelantaron lo que puede venir con El Niño. La minería ilegal sigue expandiéndose y con ella la extorsión y los asesinatos en varias regiones del país. A eso se suma la necesidad urgente de generar empleo, mejorar la salud, la educación y los servicios básicos para la población más vulnerable. Ninguno de estos problemas se resuelve con una moción de censura ni con más meses de facultades entrampadas en comisión.
Tampoco ayuda la falta de autocrítica. El gobierno de Castillo y Dina Boluarte dejó un país más inseguro, más vulnerable y más pobre, y quienes hoy exigen resultados inmediatos al actual Ejecutivo rara vez explican qué hicieron distinto cuando tuvieron el poder. Esa asimetría -exigir hoy lo que no se hizo ayer- es, quizás, el punto más débil de su posición.
El país no necesita que el Congreso se ponga de acuerdo con el gobierno en todo. Necesita que, frente a emergencias concretas, elija entre ser un contrapeso serio o convertirse, una vez más, en el obstáculo. Si la oposición sigue optando por lo segundo, el Ejecutivo tendrá que encontrar la forma de avanzar de todos modos, porque El Niño, la delincuencia y la minería ilegal no van a esperar a que la política se ponga de acuerdo.
El país no puede seguir pagando el altísimo costo del clásico obstruccionismo de la izquierda.
