David Tuesta
Perú21, 6 de agosto del 2026
El Perú no enfrenta una escasez de inversión pública, efrenta una escasez de capacidad para transformarla en infraestructura de calidad.
Muchas veces el debate sobre la inversión pública en el Perú está dominado por una idea sencilla: si queremos crecer más, debemos invertir más. La evidencia económica, sin embargo, muestra que esa condición es necesaria, pero insuficiente. Lo que impulsa el crecimiento no es el monto de inversión por sí solo, sino la calidad con la que esta se selecciona, ejecuta y mantiene.
El Banco Mundial ha señalado recientemente que las brechas de infraestructura en América Latina no responden únicamente a restricciones presupuestales, sino a debilidades institucionales que reducen la eficiencia del gasto público. De manera similar, el FMI ha estimado que los países con mejores sistemas de gestión de la inversión pública obtienen significativamente más infraestructura por cada sol invertido. En otras palabras, el problema no es únicamente cuánto se gasta, sino cuánto valor genera ese gasto.
Durante la última década, el Perú ha mantenido uno de los niveles de inversión pública más elevados de América Latina como porcentaje del PBI. Pero, ello no se ha traducido en mejoras equivalentes en competitividad, productividad ni calidad de los servicios públicos.
El Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha advertido reiteradamente que las principales limitaciones no radican en la falta de recursos, sino en un sistema fragmentado de planificación, una elevada rotación de funcionarios, escasas capacidades técnicas en los gobiernos subnacionales y una gestión orientada a ejecutar presupuesto antes que a generar resultados.
En el Boletín de inversión pública del CPC, al cierre de julio de 2026 se confirma que estos problemas persisten. Aunque el presupuesto para inversión alcanza más de S/70 mil millones, el 37% de los proyectos aún no registra ninguna ejecución, manteniendo más de S/10 mil millones sin utilizar.
Más preocupante aún es que, para ejecutar la totalidad del presupuesto durante los meses restantes del año, sería necesario acelerar el ritmo promedio mensual en 70%, mientras que los gobiernos locales tendrían que multiplicarlo por 2.5 veces. Difícilmente ello puede lograrse sin sacrificar calidad o concentrar la ejecución en los últimos meses del año.
Los datos también muestran importantes heterogeneidades. Mientras algunos sectores y gobiernos subnacionales mantienen niveles aceptables de ejecución, otros continúan muy rezagados, evidenciando que el problema no es de disponibilidad de recursos, sino de capacidades de gestión. Casos como Educación, algunos gobiernos regionales o municipios con elevados presupuestos, pero baja ejecución, reflejan que el desafío sigue siendo institucional antes que financiero.
Por ello, la agenda pendiente no consiste únicamente en asignar más presupuesto. Requiere reformulas completamente la lógica del “Invierte.pe”, profesionalizar las unidades ejecutoras, reducir la rotación de funcionarios, consolidar equipos técnicos permanentes, poner límites a los incentivos que llevan a la aprobación de nuevos proyectos sin finalizar los que están en marcha. Asimismo, resulta indispensable profundizar mecanismos de asistencia técnica para gobiernos regionales y locales, donde se concentra la mayor parte del presupuesto de inversión.
El Perú no enfrenta una escasez de inversión pública, efrenta una escasez de capacidad para transformarla en infraestructura de calidad. Mientras no resolvamos ese problema, seguiremos confundiendo mayor gasto con mayor desarrollo, cuando la verdadera competitividad comienza mucho antes: en la calidad de las instituciones que administran cada sol de los contribuyentes.
