Claudia Cooper
Perú 21, 14 de noviembre, 2015
El Perú entró, luego de la debacle económica de los 70 y 80, en una saludable tendencia de reformas económicas, que aunque no fueron lo profundas que se hubiera querido, constituían un interesante proceso hacia el desarrollo que hasta ayer parecía tener cierta solidez y consistencia. El Congreso aprobó vulnerar de un plumazo y sin seriedad profesional alguna el esfuerzo de décadas en que se embarcó el país para asegurar a su población una vejez digna.
El problema no está en la legítima aspiración del Congreso a atender el malestar de una población que tiene objeciones al régimen imperante, el cual claramente debe ser sometido a fiscalización y debate. Lo verdaderamente dramático está en que lo que se busque no es avanzar hacia un sistema más eficiente y justo, sino deshacer todo lo andado sin la más mínima noción ni estimación de los impactos que esto tendría, tanto en la estabilidad macroeconómica como en cada familia.
Para aquellos pensionistas que lograron aportar durante un número importante de años, ¿hay alguna medición de cuál sería la decisión de los recién jubilados respecto del ahorro que durante décadas les costó acumular? Un mal uso de ese dinero puede llevar a un desequilibrio social entre una población que cada vez vive más y que cada vez tiene menos descendencia. Y eso sí es responsabilidad de un Estado.
¿Hay estimación alguna sobre si las alternativas planteadas (como la adquisición de un inmueble para alquilar) generan rentas mayores que la renta vitalicia?¿Cómo se va a proteger a los jubilados de las mafias inmobiliarias?¿Puede el sistema de cajas absorber la masa de nuevos ahorristas, sin comprometer su estabilidad?
Una ley como esta debería contar con sustento sobre estos y otros temas para iniciar su debate y no solo buscar atender la insatisfacción popular de corto plazo sin tener la menor idea de los efectos que puede causar.
