Carlos Gallardo Torres
Perú21, 15 de julio del 2026
«El avance en reestructurar a Petroperú debe servir para hacer lo mismo con otras entidades públicas».
En el acceso al agua, ha habido un importante avance. No solo en el promedio nacional, sino que la diferencia entre la cobertura en la región con mayor acceso (Moquegua: 97% de los hogares en 2025) y de menor acceso (Loreto: 74%) se redujo casi a la mitad, de 40 puntos porcentuales (pp.) en 2015 a solo 23 pp. en 2025.
Pero, y sin dejar de reconocer que aún hay alrededor de 4 millones de peruanos sin acceso, la atención debería estar también en la calidad del servicio. Primero, en la continuidad de este acceso, medida en las horas al día con que se cuenta con agua. Segundo, en el acceso a agua segura, medida como el porcentaje de la población con acceso a agua con el nivel adecuado de cloro residual. Por un lado, 6 regiones cuentan con agua menos de 12 horas al día. Por otro, hay 13 regiones donde menos del 20% de la población tiene acceso a agua segura. No se trata entonces solo de tener una conexión domiciliaria, no contar con continuidad y calidad eleva la incidencia de una diversidad de enfermedades, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y adultos. Y estos son promedios regionales, las disparidades a nivel distrital mostrarían peores resultados.
Estos indicadores son responsabilidad principalmente de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), a cargo de la provisión de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Tenemos 50 prestadoras: 48 EPS municipales, Sedapal del gobierno nacional y una unidad ejecutora en Tumbes. Muchas combinan pérdidas operativas, deterioro financiero y dependencia del Estado para mantenerse. Por ello, muchas de estas son un Petroperú, pero del agua. Ello resulta inaceptable y el nuevo gobierno debe cambiar esta situación.
Algunas cifras con data de Sunass:
-38 de 50 prestadoras (76%) no facturan por lo menos el 30% del agua que producen por causa, por ejemplo, de fugas y conexiones clandestinas. Peor aún, en 6 el agua no facturada supera el 50%, con la situación más grave en Agua Tumbes (69.9%).
-En 13 prestadoras (26%), las conexiones de agua que cuentan con medidor (micromedición), y que, por tanto, miden con precisión el consumo de cada usuario, son menos del 50% del total.
-La Sunass usa un indicador de desempeño financiero llamado Relación de trabajo, que muestra los costos y gastos como porcentaje de los ingresos operacionales de cada prestadora. Si es mayor a 100% significa que está en una situación financiera de mayor riesgo. Hay 13 (26%) con resultados superiores al 100%. Las más graves son Semepach (Chincha, Ica) con 195% y EPSSMU (Bagua Grande, Amazonas) con 129%.
-20 de estas se encuentran administradas por el OTASS debido a que presentan problemas de gestión que comprometen su sostenibilidad. Es decir, casi la mitad requiere una intervención extraordinaria para seguir operando.
El avance en reestructurar a Petroperú debe servir para hacer lo mismo con otras entidades públicas como las EPS, especialmente cuando funcionan igual o peor, y en algo tan trascendental como el acceso y continuidad a agua de calidad. Cuando hablamos de competitividad regional vale la pena preocuparse especialmente de lo más importante y urgente, y el agua lo es. No solo porque su carencia limita el desarrollo pleno de las personas y condicionan la competitividad presente, sino porque comprometen la futura.
De cara a las elecciones regionales, y sin dejar de reconocer los importantes avances en muchas regiones, la existencia aún de brechas de servicios como esta abrirá siempre oportunidades para mensajes en contra de un modelo de desarrollo a favor de la inversión privada. El caso de las EPS es evidencia clara de que el responsable de la falta de desarrollo es la gestión pública. Corresponde entonces tomar acción: más participación privada y mejor gobernanza para comenzar.
