Raimundo Morales
Gestión, 7 de octubre del 2026
La delincuencia se ha convertido en el principal problema para los peruanos. Afecta la vida de millones de personas, cambia sus rutinas y limita sus posibilidades de trabajar, emprender y progresar.
Los estudios ayudan a dimensionar el problema. La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la corrupción, de Proética e Ipsos, encontró que la delincuencia, con 68%, aparece como el principal problema del país, prácticamente al mismo nivel que la corrupción. Por su parte, el séptimo reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social, muestra que el 85% de los peruanos evita salir de casa o de su barrio a partir de cierta hora por temor a la delincuencia, mientras que el 58% sale menos que hace un año.
Ese miedo también afecta nuestra economía. Menos gente en las calles significa menos clientes para restaurantes, tiendas, farmacias y otros negocios. Para una empresa grande, la inseguridad puede significar mayores gastos en protección. Para una bodega, un taller o una peluquería, puede ser la diferencia entre seguir abiertos o cerrar. Un emprendedor amenazado deja de invertir, contratar o crecer. El crimen no solo se lleva dinero: paraliza decisiones.
Por eso, creo que la inseguridad es hoy uno de los principales problemas que afectan a las personas y a nuestra economía Erosiona la confianza, retrae el consumo, ahuyenta la inversión y asfixia especialmente a los pequeños negocios, que sostienen buena parte del empleo y del tejido empresarial del país.
La respuesta tiene que ser un esfuerzo centralizado y dirigido por el Gobierno, capaz de aprovechar las capacidades de todos. El Estado, las empresas y la sociedad civil tienen roles distintos, pero necesitan actuar detrás de una estrategia común. Y la respuesta debe ser muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora. No bastan los anuncios ni las medidas aisladas. Necesitamos continuidad, coordinación y resultados.
Las empresas no hemos permanecido al margen. Las operadoras de telecomunicaciones colaboran para bloquear líneas utilizadas por extorsionadores. Las entidades financieras monitorean operaciones sospechosas y actúan frente a cuentas que podrían estar siendo usadas para fines ilícitos. Diversos gremios comparten información, alertan a sus usuarios y promueven medidas de prevención. Son avances importantes, pero podemos hacer más, especialmente si estos esfuerzos se conectan con una estrategia liderada por el Gobierno. Si el crimen organizado utiliza múltiples sistemas para operar, combatirlo también exige conectar información y capacidades que hoy están separadas.
En el caso de Yape, por ejemplo, contamos con una función anónima para reportar cuentas de presuntos extorsionadores. Sin embargo, todavía recibimos pocas denuncias, quizás por miedo o por la sensación de que reportar no cambiará nada. Esto nos deja la lección: no basta con habilitar un canal; también tenemos que generar confianza y trabajar con las autoridades para que la información contribuya a acciones concretas.
Los ciudadanos también tenemos la posibilidad de colaborar aunque no sustituimos al Estado. Sin trasladarles a las víctimas una responsabilidad que no les corresponde, nosotros podemos evitar prestar nuestras cuentas, así como tampoco comprar productos robados y denunciar cuando sea seguro. Quien enfrenta una extorsión necesita, ante todo, protección y una respuesta efectiva.
La seguridad no se recuperará con una sola medida ni dependerá de un solo actor. El Gobierno debe liderar y coordinar. Las empresas debemos profundizar lo que ya venimos haciendo. Y los ciudadanos debemos actuar con responsabilidad. Si logramos trabajar de otra manera, estaremos recuperando algo esencial para volver a crecer: la libertad de salir, emprender e invertir sin miedo.
Sin calles seguras no habrá crecimiento sostenible para las mypes. Y sin millones de peruanos dispuestos a apostar por el futuro, no habrá desarrollo posible.
