Para muchos, el enfriamiento de nuestra economía debió tener una cura fácil: mayor gasto público.
Sin embargo, desde que la actual administración llegó al poder, el gasto total del Gobierno Central se ha inflado en más de US$10 mil millones, con una tasa de crecimiento anualizado promedio de 10,6% en dólares. El gasto de capital se infló con un promedio de 11,5% desde setiembre del 2011 a febrero pasado.
Gastar a un ritmo más alto hubiera despertado cuadros de ineficiencia y corrupción mucho mayores a los actuales. Así pues, los burócratas humalistas gastaron intensamente, como sugieren los keynesianos, con despreciables efectos sobre el crecimiento económico.
Tan ineficaz resultó la receta que nuestra economía pasó de crecer anualizadamente más de 8% (en junio del 2011) a cerca de 1% incluida la proyección de febrero.
De seguir así, el vocablo ‘recesión’ amenaza con visitarnos en pocos meses.
A la pregunta sobre por qué no gastamos más, la respuesta muerde. Este gobierno no solo fue incapaz de reformar la administración por una meritocracia en el sector público, sino que la apertura de una brecha en cuenta corriente sin influjos de capitales privados dibujó un escenario donde gastar mucho más hubiera lindado con falta de juicio.
Hoy, con un inflado aparato estatal (solo el Gobierno Central nos cuesta anualmente más de US$40 mil millones), se evidencian algunos aspectos: los motores del crecimiento y de la reducción de pobreza fueron las exportaciones tradicionales y la inversión privada. Ninguna forma parte del sector público (como cree el presidente de la República, su señora y la mayoría de los congresistas). Al contrario, esta administración no para de complicar con regulaciones o cargas cualquier atisbo de recuperación de la exportación, inversión privada y captación de inversión extranjera directa. Ahora los problemas se acentúan, pues el superávit fiscal ya no existe.
El déficit del gobierno anualizado ya alcanzó unos US$1.672 millones a febrero pasado, pero no fue solo inflar el gasto estatal. La recaudación anualizada de los dos tributos claves, el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas (IGV), se ha estancado visiblemente.
En esta dirección, inquietan dos cosas. La primera, cómo cargan más los ingresos de la gente con una tasa efectiva mayor de Impuesto a la Renta y, la segunda, descubrir lo que hasta hace poco era impensable: a febrero de este año el ritmo anualizado de recaudación del IGV fue negativo (-1,7%).
Nos quedan largos 16 meses para el próximo cambio de mando. Es mucho tiempo para creer que esta combinación de parálisis con pachanga fiscal saliente no nos costará mucho más de lo que algunos piensan.
