Por: Arturo Woodman
Expreso, 14 de Marzo del 2023
Desde el gobierno de izquierda del expresidente Pedro Castillo y últimamente, la continuación democrática y constitucional de su vicepresidenta Dina Boluarte, se viene produciendo un desprestigio de las FF. AA. y la PNP.
Esta real situación proviene por las disposiciones dadas por las autoridades del actual gobierno, de prohibir el uso de sus armas letales. Esto siempre ha sido una facultad al presentarse un problema que demande su uso, sin la necesidad de abusar.
Estas medidas van en contra de las reglamentaciones que tienen las FF.AA. y la PNP en relación con el uso de sus armas, para proteger la vida de los ciudadanos y en defensa propia, utilizando adecuadamente sus armas en forma preventiva y para dispersar ataques violentos.
Igualmente, al estar protegiendo una especial y costosa infraestructura del Estado o privada: un puerto, aeropuerto, sedes judiciales, comisarías, etc., etc. De presentarse un grupo de ciudadanos con la clara intención de tomar posesión o destruirlas, tienen que proceder con un aviso de advertencia para que se retiren, de lo contrario efectuarán el uso de sus armas.
De morir uno de los vándalos destructores, vendrá una investigación y denuncia contra las fuerzas del orden por haber utilizado sus armas, inclusive si no hacen uso de sus armas y los asaltantes toman posesión de la infraestructura que están protegiendo, obviamente serán juzgados por no defenderla apropiadamente. En resumen, por defender la propiedad o no hacerlo, serán enjuiciados de todas maneras.
Dentro de este curioso panorama, las leyes o instrucciones que dictan sus superiores tienen que efectuarse claramente y dentro de lo que la ley permite, evitándose problemas posteriores.
Personalmente, valorizo enormemente la defensa y proceder que realizan las FF.AA. y la Policía, defendiendo el orden y resguardando las propiedades del Estado o privadas, cuando actúan conforme a lo que expresa nuestra Constitución o en situaciones especiales, en que directamente los respaldan las leyes del uso de las armas.
El controlar un área del país que esté abiertamente en rebeldía, realizando actos vandálicos, destruyendo importantes propiedades del Estado y privadas, controlando los servicios básicos como los comercios, transportes e ir en contra del libre accionar de los ciudadanos puneños, no puede ser aceptado. Están limitando sus libertades prioritarias, además, se está llegando a extremos en que los ciudadanos rebeldes no los respetan ni aceptan, obligándolos a retirarse, provocando que las FF.AA. y la PNP se desprestigien y pierdan el respeto en todos los ámbitos del país e incluso la vida.
Estas instituciones no pueden perder su prestigio y respeto, son las encargadas y responsables de mantener por ley el orden interno y la estabilidad del Gobierno, al igual que defienden nuestra integridad, seguridad y territorio limítrofe.
Mantener el prestigio y respeto a las FF.AA. y la PNP es prioritario, por lo tanto, el Gobierno no debe realizar cambios por enfoques políticos, que impliquen quitarles sus funciones constitucionales de impartir el orden en el país y el respeto de todos los ciudadanos.
Finalmente, las FF.AA. y la PNP son instituciones básicas para defender el orden interno, la estabilidad del Gobierno y del territorio peruano. No se debería cambiar lo establecido en la Constitución referente a sus facultades prioritarias del uso de sus armas.
