Anthony Laub
Perú21, 5 de agosto del 2026
«El Perú perdió dinamismo porque el Estado hizo cada vez más costoso emprender, invertir y producir».
A partir de 2000, la izquierda comprendió que desmontar el modelo económico instaurado en 1993 no sería sencillo. La Constitución protegía la iniciativa privada, la estabilidad jurídica y la economía social de mercado. Intentar derogarla frontalmente, en ese momento, no era el camino. Había una ruta más eficaz: conservar el modelo en el papel y vaciarlo de contenido desde el propio Estado.
Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en los últimos veinticinco años.
La contrarreforma no se construyó con discursos contra la inversión privada, sino mediante la expansión permanente de la burocracia. Cada nueva regulación, cada ministerio, cada organismo público, cada permiso, licencia, autorización u opinión previa hizo un poco más difícil invertir, producir y generar empleo. El objetivo dejó de ser facilitar la actividad económica y pasó a ser controlarla.
La misma lógica alcanzó al mercado laboral. A través de iniciativas legislativas, del uso expansivo de la Sunafil y de una creciente judicialización de las relaciones de trabajo, se fueron debilitando progresivamente las reformas laborales que habían permitido reducir los costos de contratación y estimular el empleo formal. El resultado fue exactamente el contrario del prometido: más rigidez, menos inversión y una informalidad que hoy alcanza a la mayoría de los trabajadores peruanos.
Pero quizá el mayor éxito de esta estrategia fue la regionalización. Presentada como una política de descentralización, terminó creando una inmensa burocracia regional que añadió nuevos niveles de decisión, duplicó competencias y convirtió a numerosos gobiernos regionales en verdaderos filtros para la inversión pública y privada. Donde antes había una autoridad, hoy hay varias; donde antes había un procedimiento, hoy hay una cadena de autorizaciones.
El Perú perdió dinamismo porque el Estado hizo cada vez más costoso emprender, invertir y producir.
La presidenta Keiko Fujimori tiene una gran oportunidad. Para recuperar ese dinamismo, no bastará con promover nuevas inversiones: tendrá que desmontar la arquitectura burocrática construida durante las últimas dos décadas. Ello supone eliminar feriados innecesarios, derogar cientos de trámites sin utilidad, reducir drásticamente los plazos de aprobación de estudios ambientales, fusionar ministerios y organismos públicos con funciones superpuestas, y devolver al Estado una lógica de eficiencia.
La burocracia nunca fue un accidente, sino el instrumento a través del cual el poder pasó del ciudadano y del emprendedor al funcionario público.
