Eduardo Morón
Presidente de APESEG
Gestión, 26 de agosto de 2026
El Estado debe ser capaz de abrir oportunidades para todos, y eso empieza por asegurar servicios básicos de calidad –salud, seguridad, educación y justicia– que no se conviertan en otro obstáculo en la búsqueda de progreso.
En su primera conferencia de prensa como ministro, Elmer Cuba fue directo: “Nuestra obsesión como ministerio será aumentar la productividad”. Después de años, vuelve a aparecer en el MEF algo indispensable: ambición de hacer, de corregir y de mirar más allá del próximo viernes. Nos habíamos acostumbrado a tener un inquilino precario, más concentrado en esquivar torpedos que en construir puentes para salir del statu quo. Y hay que decirlo sin rodeos: el statu quo actual no es aceptable. No nos conduce al progreso de todos los peruanos; apenas le permite vivir bien a una pequeña porción del país. Nadie discute que estamos mejor que hace 30 años, pero resignarse a la situación actual es no entender que cambiarla es condición indispensable para sostener el progreso del país.
El ministro colocó productividad y cohesión social al mismo nivel. Dicho en simple: mejores empleos para la mayoría de los peruanos y, con ello, una vida de mayor calidad. Pero la productividad no mejora por decreto ni por deseo. Requiere cambios elementales y urgentes, junto con reformas más complejas que demandan respaldo político persistente. Los dueños de empresas toman decisiones pensando en cómo obtener el mayor retorno posible de su capital. Ese beneficio neto de impuestos es lo que los mueve, incluso cuando desde la pizarra académica sus decisiones pueden parecer extrañas.
Y aquí no hablamos de teoría. Un estudio del BID (Azuara, Bosch y otros), usando datos de Sunat, encontró que las empresas peruanas se concentran justo debajo del umbral de 20 trabajadores –el número exacto que las obliga a repartir entre 5% y 10% de sus utilidades con sus empleados–. No es casualidad ni coincidencia estadística: es la fotografía de miles de empresarios decidiendo, uno por uno, que no vale la pena cruzar esa línea.
La distorsión no es solo laboral: es también tributaria, y a veces son la misma cosa vista desde dos ventanas distintas. Un estudio del FMI (Dabla-Norris, Jaramillo y otros) muestra que el costo de todo esto no es anecdótico: estiman que estas reglas dependientes del tamaño reducen los salarios agregados entre 0.4% y 1%, las utilidades agregadas entre 3% y 4%, y la producción hasta en 1% del PBI cuando los salarios no pueden ajustarse con libertad. Y quienes más pierden no son ni las empresas más chicas ni las más grandes, sino las medianas atrapadas cerca del umbral: apenas 3% de las firmas del país, pero que emplean a 10% de los trabajadores formales.
El problema es que esas decisiones no hacen necesariamente más productiva a la empresa. Al contrario, muchas veces la fragmentan, la limitan y la condenan a operar por debajo de su potencial. De allí salen empleos que difícilmente pagarán buenos salarios y, además, fortalece la tentación permanente de contratar parcialmente en la informalidad.
Lo que necesitamos es un entorno en el que rentabilizar los recursos no esté reñido con hacer crecer una empresa formal. Siempre digo que, en la discusión sobre formalidad, muchos prefieren preguntarse qué hace falta para que una empresa informal se vuelva formal. Yo prefiero pensar en qué hace falta para que una empresa que ya es formal no solo se mantenga formal, sino que quiera crecer siendo formal. Allí está buena parte de la respuesta. Si esas empresas crecen, más trabajadores accederán a empleos formales, pagarán más impuestos y contarán con una mejor protección social. Ese es el camino concreto para avanzar en la otra obsesión declarada por el MEF: mejorar la cohesión social.
La cohesión social no la produce espontáneamente el mercado. Su gran responsable es el Estado. Por eso, un Estado ineficaz o corrupto no es un detalle administrativo: es parte central del problema.
Hace bien el ministro Cuba en decir con claridad que estas son, y deberían seguir siendo, las obsesiones permanentes del MEF. La tarea no se completará en cinco semanas ni en cinco años. Precisamente por eso deben ser políticas de Estado, sostenidas más allá del ideario político del gobernante de turno. Y esa mirada de Estado tiene que incluir revisar, con calma, pero sin miedo, los saltos abruptos que enfrenta una empresa al crecer.
