Ana Cecilia Jara
Gestión, 4 de agosto del 2026
Los primeros resultados del Censo Nacional 2025 arrojan que, en solo ocho años, la población de 60 años a más pasó de 3.6 millones de personas a 5.1 millones. Al mismo tiempo, la población menor de 15 años se redujo de 8.3 millones a 7.7 millones. Estas cifras, vistas con rostro humano que busca el bien común, nos dan una seria advertencia, sobre la cual hay que reflexionar: el Perú empezó a cambiar, tiene otra cara.
Vivimos más años. Tenemos menos hijos. La población envejece a una velocidad que hace apenas una generación parecía impensable. Y ese no es un problema, es una buena noticia. Significa que vivimos más. El verdadero desafío aparece cuando nos preguntamos cómo vamos a vivir esos años adicionales. Porque una sociedad no solo envejece con más personas mayores, también lo hace con más responsabilidades, más necesidades de cuidado y una mayor obligación de construir seguridad económica para quienes dedicaron toda una vida al trabajo.
Aquí aparece una realidad que no podemos seguir ignorando. Durante años hemos discutido el tema de las pensiones como si fuera un problema exclusivo del Sistema Privado de Pensiones (SPP) o de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Pero el verdadero desafío estaba antes: la informalidad.
Para decirlo fácil, está en la enorme cantidad de trabajadores cuyos ingresos son intermitentes. Está en millones de personas que trabajan todos los días, pero no logran ahorrar de manera constante porque el mercado laboral no lo permite.
No podemos seguir creyendo que cambiaremos el resultado al final del camino, si no corregimos lo que ocurrió desde el comienzo.
Por eso, la implementación de la reforma previsional, aprobada en el 2024, es una oportunidad que el Perú no debería desperdiciar. No porque una ley resuelva, por sí sola, un problema estructural, sino porque por primera vez en muchos años tenemos la posibilidad de construir un sistema que mire a todos los peruanos y no únicamente a quienes ya estaban dentro de él.
La reforma, que representa un primer paso hacia un proceso de mejora continua, incorpora mecanismos de protección, fortalece la mirada integral y reconoce que el Estado, los trabajadores y el ahorro individual tienen responsabilidades complementarias.
Ahora hay que implementarla bien. Esto exige instituciones fuertes, reglas estables y una enorme capacidad de diálogo. También demanda algo que pocas veces aparece en el debate público: confianza, porque las pensiones se construyen durante 30 o 40 años. Y ningún ahorro de largo plazo puede crecer si las reglas cambian constantemente.
Hoy tenemos la oportunidad de recuperar esa mirada larga, para que millones de peruanos lleguen a la vejez con bienestar, autonomía y con la tranquilidad de no depender completamente de sus hijos o del Estado.
El Perú que nos muestra el censo es una realidad que debemos empezar a atender con mucha responsabilidad.
