El tamaño de nuestra economía es hoy 1.5 veces lo que era en el 2009 y 2.4 veces la del 2004, pero la capacidad del Estado para atender los trámites requeridos no ha crecido a la misma velocidad: tenemos un grave déficit en el desarrollo de nuestro marco regulatorio, incluidas las normas, procesos e instituciones.
Si bien desde distintos frentes se han hecho esfuerzos importantes para simplificar, especialmente con relación al portafolio de grandes inversiones, recién en el último año –en un contexto donde, luego de ocho años de tasas de crecimiento de la inversión privada, en muchos casos en dos dígitos (entre 2005 y 2013, sin contar la caída de 2009), se espera una caída de 0.4% para 2014–, se ha tomado un sentido de real prioridad y urgencia respecto a la ahora llamada tramitología. La maraña de trámites genera ahora no solo pérdidas de tiempo y malestar, sino que daña la confianza de los inversionistas.
¿Cuánto cuesta hoy a nuestras empresas y empresarios el rezago en nuestro marco regulatorio y tener trámites burocráticos de Tercer Mundo? Para el caso más simple, el de las licencias de funcionamiento, si se consideran las 93,000 nuevas licencias que se procesan cada año y se calcula el valor de los 25 días que hoy toma el procedimiento (considerando la remuneración por día laborable por persona y a eso le sumamos el costo de la licencia, es decir, el costo directo del proceso y el mínimo costo de oportunidad del tiempo involucrado), nuestros empresarios podrían ahorrarse US$75 millones por año si nuestro país tuviera los procesos que maneja Chile u US$82 millones por año si estuviéramos al nivel de la mejor práctica global, representada por Nueva Zelanda.
Para permisos de construcción, si consideramos las 47 mil licencias de edificación que se procesan en el país al año y haciendo un cálculo similar al de las licencias de funciona miento, nuestros empresarios podrían ahorrarse US$121 millones por año si nuestro país tuviera los procesos para permisos de construcción que maneja Colombia o US$135 millones por año si estuviéramos a nivel de la mejor práctica global, que representa Hong Kong.
En el agregado de la economía y el crecimiento, a pesar de que son montos importantes, uno quizás podría decir que no harían “la diferencia” para retornar a crecimientos de 6% o más, pero su impacto sobre los ánimos empresariales y la confianza para invertir pueden ser muy grandes. Cuando se habla de la necesidad de un shock facilitador para revertir la desaceleración del crecimiento, se apunta a los efectos indirectos sobre el ánimo de los inversionistas.
En ese sentido, es necesario apuntar a cambios materiales, no a mejoras marginales. La experiencia en el mundo y las evaluaciones de impacto realizadas por el Grupo del Banco Mundial indican que solo las reformas que llevan a reducciones mayores a 40% en tiempo y costo generan efectos positivos. Reformas con reducciones marginales (avanzar poco a poco) son buenas en el sentido de generar ahorros de costos directos al sector privado, pero no tienen la incidencia necesaria para impulsar mayor crecimiento e inversión.
Con ese criterio, es posible plantearse una visión y metas muy precisas, tomando dos anclas principales:
Primero, alcanzar en dos a tres años las mejores prácticas globales en los procesos para abrir una empresa, permisos de construcción y procesos para pagar impuestos, mientras se simplifican en paralelo los trámites sectoriales principales.
Segundo, lograr el acceso del Perú a la OECD para el 2021, lo que implica mejorar sustancialmente nuestros procesos burocráticos, así como alinear a las múltiples instituciones que participan en los trámites.
Ambas metas son perfectamente alcanzables. El conocimiento y la experiencia de muchos otros países están a la mano. Simplificar los trámites requiere mucha coordinación entre diversas instituciones y mucho liderazgo para hacer que las cosas sucedan de manera transversal. Tener metas ambiciosas, claras y cuantificables es el primer paso en ese sentido.
