Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 22 de julio del 2026
«Hay regiones que ejecutan menos de la mitad de su presupuesto de inversión mientras miles de obras siguen paralizadas.», destacó Alfonso Bustamante Canny.
Durante los últimos 25 años, los gobiernos —con la excepción del segundo de Alan García— han sido de corte socialista y fueron descomponiendo las instituciones llamadas a garantizar el orden, impartir justicia y servir al ciudadano. Así llegamos a la situación actual: creciente informalidad, altísima inseguridad física y jurídica, corrupción alarmante y pérdida de productividad, mientras las brechas de infraestructura y la pobreza no dejaban de crecer.
En 2002, se intentó combatir el centralismo limeño con una medida ineficaz: una regionalización que, en lugar de integrar el territorio en cuatro macrorregiones con escala y recursos para ser viables, lo dividió en 25 regiones sin independencia económica ni capacidad técnica para gestionarse. Lejos de acercar el desarrollo a las regiones, el proceso lo postergó y profundizó las brechas entre Lima y el resto del Perú.
El resultado está a la vista: hay regiones que ejecutan menos de la mitad de su presupuesto de inversión mientras miles de obras siguen paralizadas. Desde la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) propusimos corregir este diseño; casi ninguna medida requiere cambios constitucionales, sino decisión política: delimitar qué hace cada nivel de gobierno —hoy las funciones se superponen y nadie responde—; ordenar el presupuesto con incentivos a recaudar, porque la dependencia de Lima premia la pereza fiscal; frenar la atomización territorial —el 80% de los distritos no tiene límites oficiales— y ganar escala con mancomunidades que funcionen; fortalecer la fiscalización de la Contraloría, con rol preventivo y no solo reactivo.
Además de la acción frente a los efectos del inminente fenómeno de El Niño, la presidenta Keiko Fujimori tiene dos tareas fundamentales: reactivar el crecimiento promoviendo la inversión privada y aliviar la pobreza con inversión pública en infraestructura.
Para la primera: seguridad jurídica, reglas estables y simplificación administrativa que destrabe los grandes proyectos de minería, agroindustria y energía. Para la segunda: una rectoría firme sobre el gasto descentralizado, con presupuesto que premie la buena gestión, asistencia técnica a quien ejecuta y mecanismos probados como concesiones, obras por impuestos y acuerdos gobierno a gobierno. El orden regresa cuando el Estado cumple.
