El Comercio, 23 de Marzo de 2017
El fiscal Hamilton Castro ha acusado a ex integrantes del Comité de Pro Inversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, entre los cuales me encuentro, de habernos coludido con el ex presidente Alejandro Toledo para beneficiar a Odebrecht en el proceso de la Interoceánica.
Primero, esta acusación revela desconocimiento sobre la forma en que opera Pro Inversión. El Consejo Directivo de Pro Inversión (CD), conformado por ministros de Estado, es el único autorizado para aprobar las bases y el contrato de una concesión y así lo hizo en el caso de la Interoceánica.
El comité no tiene capacidad para incluir una carretera en el proceso de concesión o para aprobar un plan de promoción. Para ello se requería una resolución suprema. Los comités sugieren al CD para su aprobación las bases y el contrato. El comité por sí solo no puede modificar elementos esenciales de las bases (como son los requisitos de precalificación, la fecha de entrega de los sobres, el factor de competencia de la licitación o el precio base) sin aprobación del CD.
Segundo, este no fue un comité ad hoc nombrado para esta concesión. Fuimos nombrados por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (conocida como Copri y antecesora de Pro Inversión) en el 2001 y hemos participado en exitosas concesiones como la de Etesur-Etecen, la carretera Ancón-Huacho-Pativilca, la carretera al sur de Lima hasta Ica o el Muelle Sur, por nombrar algunas.
Tercero, el monto de la inversión con el que se otorgó la concesión fue de US$810 millones para los tres tramos. Todos los incrementos fueron otorgados por adendas en las que nosotros no tuvimos ninguna participación. El contrato de concesión se firmó el 4 de agosto del 2005 y durante el gobierno de Toledo se firmaron tres adendas, en febrero y junio del 2006 y el último día de su gestión, el 27 de julio del 2006. Después de estas y otras adendas, el valor de la obra sobrepasó los US$2.000 millones. De habernos coludido, no hubiera habido necesidad de adendas tan pronto.
Esto trae a colación el último punto: el propio Jorge Barata ha declarado que la coima era inicialmente de US$35 millones. Por este monto, Toledo se comprometió a agilizar el proceso y modificar las bases del concurso para que la licitación favoreciera a Odebrecht. Sin embargo, Barata declara que el ex presidente incumplió la segunda parte del trato y por ello la coima se rebajó a US$20 millones. El presidente Toledo sabía que ni el CD ni el comité iban a aceptar cambios a las bases de la naturaleza que él planteaba, que afectaran la competencia en el concurso. Todos estos son indicios de que los problemas en esta obra no están en el proceso de licitación. Era más fácil hacer los cambios después del proceso de licitación.
Hablando de indicios: Nunca me he reunido con el ex presidente Toledo en privado o con los intermediarios que menciona Barata, a quienes no conozco. Nunca he tenido ni tengo una empresa ‘offshore’ (aunque eso no sea en sí mismo condenable). No tengo problemas en levantar mi secreto bancario y evidenciar que no hay ningún desbalance patrimonial. Todos los años en los que participé en el sector público, desde fines de 1999 hasta inicios del 2008, lo he hecho para ayudar al desarrollo nacional, especialmente fomentando la inversión privada. Nunca he aprovechado mi posición de empleado público para beneficiarme en desmedro del bienestar nacional.
A pesar de estos condenables hechos de corrupción, sigo convencido de que la participación de la inversión privada en concesiones de infraestructuras y asociaciones público-privadas es provechosa para el país.
