Fernando Rospigliosi
Expreso, 2 de noviembre del 2026
«Lo que les alarma es que exista un parlamentario que defiende las leyes vigentes, y que respalda a los militares y policías que derrotaron al terrorismo. ¡Se requieren soluciones radicales!»
La mafia caviar comunista y los herederos del terrorismo al parecer me consideran un enemigo peligroso, al que hay que sacar de circulación. Cancelar, en el lenguaje woke o caviar.
Ahora han presentado una acusación constitucional mediante la cual pretenden expulsarme del Senado, inhabilitándome durante 10 años para la función pública. Antes, la desquiciada ex fiscal intentó lo mismo con una querella ridícula, y con sus cómplices en el Poder Judicial, logró que me sentencien a pena de cárcel suspendida y a una descomunal reparación de 200,000 soles (el caso está en apelación). Pero el objetivo real era que no entrara al Senado al estar condenado. Llegaron muy tarde porque ya había sido electo.
Como la mafia caviar comunista y los herederos del terrorismo, controlan el sistema judicial, utilizan mecanismos seudo legales para perseguir a sus adversarios. Y ahora, como tienen mayoría en la Cámara de Diputados, intentan emplearla con el mismo propósito.
Me acusan constitucionalmente por defender leyes vigentes y demandarle a jueces y fiscales que las apliquen. Y cuando esos magistrados no hacen eso, con la EXCLUSIVA FINALIDAD de perseguir a militares y policías que derrotaron al terrorismo o a los que combaten actualmente a la delincuencia y el terrorismo, los denuncio, como corresponde, ante la Junta Nacional de Justicia, el organismo encargado de sancionar a jueces y fiscales prevaricadores.
Específicamente, dicen que he defendido las leyes 32130 (lesa humanidad) y 32419 (amnistía), leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo.
¡Así es que para la mafia caviar comunista ahora es un delito defender la legalidad!
Aducen que he denunciado sistemáticamente a los magistrados prevaricadores que no cumplen las leyes.
¡Por supuesto que he hecho eso! Esa es parte de mi función, defender la ley. En este caso se trata de leyes que buscan impedir los incalificables abusos cometidos contra militares y policías que derrotaron al terrorismo.
Las denunciantes son Mirtha Vásquez, la antiminera que fue premier del golpista Pedro Castillo, y que alentaba desde ese cargo la destrucción violenta de empresas mineras. E Indira Huilca, la hija de Pedro Huilca, un dirigente sindical asesinado por Sendero Luminoso en diciembre de 1992, que luego ha pretendido cambiar la historia acusando al Ejército de ser culpable de ese crimen para quedarse con los 250,000 dólares que recibieron por una decisión de la infame Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ellas son aliadas muy cercanas de Iber Maraví, que aparece en varios atestados policiales de principios de la década de 1980 como participante en acciones terroristas de Sendero Luminoso y hoy ha sido reconocido por un policía como integrante del grupo que asaltó la comisaría de Vilcashuamán, Ayacucho, en 1982, donde fueron asesinados siete policías.
Eso no les preocupa. Lo que les alarma es que exista un parlamentario que defiende las leyes vigentes, y que respalda a los militares y policías que derrotaron al terrorismo.
¡Se requieren soluciones radicales!
