Jaime de Althaus
El Comercio, 31 de octubre del 2026
“Si sale bien, integrará al país y consolidará el Estado de derecho. Será fundacional. Y será la mejor manera de reducir la minería ilegal”.
La ley MAPE es quizá la más importante que vaya a dar este Congreso, por los efectos estructurales que puede tener en la sociedad y la economía peruanas. Si sale bien, integrará al país y consolidará el Estado de derecho. Será fundacional. Y será la mejor manera de reducir la minería ilegal.
Pero para eso el proceso de formalización tiene que funcionar en el año y medio que se plantea, y luego el régimen ordinario tiene que ser asequible. El proyecto de ley crea un organismo llamado Formape para formalizar, supervisar y dar asistencia técnica a la minería artesanal y de pequeña escala. Pero innecesariamente se dice que luego se enviará otro proyecto de ley para su organización y funciones, lo que podría demorar en aprobarse haciendo inviable el plazo de año y medio, cuando según el administrativista Jorge Danós eso podría salir por decreto supremo.
El gran problema es que muchos informales están en concesiones de terceros. Pero no todos y hay distintos tipos de situación. Se requiere una estrategia diferenciada. Según el exdirector de Formalización Minera Máximo Gallo, existen cuatro situaciones: 7.674 Reinfo en concesiones extinguidas; 1.992 Reinfo que tienen concesión (pero les falta el Igafon, etc.); 3.785 Reinfo de beneficio (plantas procesadoras); y 17.917 Reinfo en concesiones de terceros.
El problema está en estos casi 18.000 que laboran en concesiones ajenas y necesitan un contrato de explotación para ser formales. Pero de estos más de un 70% está en concesiones de pequeños mineros, que no quieren dar contratos a los informales porque les conviene recibir un pago por lo bajo sin pagar impuestos. Aquí habría dos alternativas. Una es que, como planteó Gerens, la planta de procesamiento tuviera que exigir obligatoriamente un contrato de explotación para procesar. La otra es la propuesta de Gallo: caducidad de la concesión minera de pequeña minería al quinto año si no produce directamente o, en su defecto, si no otorga contratos de explotación a los informales. Pero ninguna de estas opciones figura en el proyecto de ley.
Se tendrá que enviar brigadas a las zonas mineras a buscar esos contratos. Se requerirá liderazgo.
Para los que están en concesiones de mediana y gran minería, que son los menos, funcionaría el incentivo de que no son responsables de los daños ambientales ocasionados por el pequeño minero. Gonzalo Quijandría planteó que el concesionario pudiera recortar y otorgar el área ocupada al informal si no está siendo trabajada por el dueño de la concesión.
Las plantas de procesamiento pueden jugar un rol clave en la propia formalización y en la trazabilidad del mineral. El proyecto, sin embargo, no les asigna papel alguno. Sí establece su fiscalización –desde las 25 TM por día– por OEFA, Osinergmin y Sunafil. Allí faltan la Sunat y la UIF.
Se requiere un diálogo genuino, sincero, entre todas las partes para encontrar fórmulas que funcionen. Asimismo, fuerte voluntad política y una conciencia vigilante de la opinión pública. Si se resuelve bien, se integrará a un sector importante al sistema y al Estado de derecho, se reducirá la minería ilegal, se fortalecerá el fisco y se hará viable el desarrollo minero del país en general.
