Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una de las primeras tareas de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debería ser preparar el proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.
Los descarados intentos de reelección encubierta que vemos ahora no son sino una consecuencia de esa absurda prohibición, un efecto perverso y tardío del populismo político del expresidente Vizcarra que solo con el fin de incrementar su popularidad llevó a referéndum varias reformas una de las cuales fue la no reelección de congresistas y de autoridades subnacionales.
El Congreso anterior logró modificar la Constitución para eliminar la no reelección parlamentaria, que era absolutamente contraproducente porque cortaba la posibilidad de una carrera política y atentaba contra la formación de una clase política profesional y experimentada en un país en el que la clase política ya había sido suficientemente golpeada y debilitada por los procesos Lava Jato que instauraron una persecución arbitraria contra líderes y partidos. Consecuencia de ello fue la elección de Pedro Castillo que ahondó la crisis institucional del país.
Ahora hace falta completar la restauración de la reelección incluyendo a las autoridades subnacionales. Pues la prohibición de su reelección fue, además, un atentado contra el derecho de los ciudadanos a elegir a quienes consideren los mejores para las funciones de gobierno, y lograr la continuidad de una buena gestión si ésta se ha producido. Es decir, el derecho a tener un buen gobierno para mejorar la ciudad en la que se vive, en última instancia.
El Congreso anterior sí logró introducir otra reforma que será fundamental para la consolidación de una democracia de calidad, la bicameralidad, contra la cual el expresidente Vizcarra hizo campaña para que la gente no votara por ella en el referéndum que convocó. Puro populismo político, nuevamente.
Es interesante notar que este ciclo político recién inaugurado el pasado 28 de julio trae consigo la reversión de casi todos los daños populistas que casi destruyen la democracia peruana:
El primero fue la persecución política desatada por un sistema judicial politizado, daño que llegó a su fin con la desactivación de los equipos especiales ideologizados y con la elección presidencial de la principal víctima de dicha persecución política, Keiko Fujimori.
El segundo daño fue el ciclo anárquico de diez años que degradó severamente la institucionalidad y la capacidad Ejecutiva del Estado, que claramente llega a su término con un gobierno ordenado que terminará su periodo de cinco años dando curso al restablecimiento de la estabilidad política en el país, base indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad dañada.
El tercero es la prohibición de la reelección congresal que hemos mencionado, que ya fue reparado.
Queda pendiente, entonces, como decíamos, restablecer ahora la reelección de las autoridades subnacionales. Debería ser una tarea inmediata de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
A lo que hay que agregar reformas que apunten a la consolidación de un sistema de partidos funcional y a una mejor gobernabilidad. Algo que excede el objeto de este artículo.
Lampadia
