Jaime de Althaus
Para Lampadia
El presidente Castillo, en lugar de aprovechar la aprobación por insistencia de la ley sobre el referéndum para declarar que hizo lo que estuvo a su alcance para cumplir su promesa de campaña, no se le ocurrió mejor idea que volver a la carga con unos tuits que son una declaratoria de guerra a la Constitución y al país, porque insistir en la asamblea constituyente cuando no es constitucional por ninguna parte solo revela una insistencia suicida en mantener un estado de incertidumbre y de conflicto que no le conviene al gobierno ni al país ni al pueblo, por la sencilla razón que se traduce en menor inversión privada y por lo tanto en menos empleo y menos ingresos para todos.
No se entiende realmente. Es la obcecación ideológica, a costa del país. Lo absurdo es que, pese a esa actitud adolescente, de todos modos, la ley aprobada por el Congreso terminará beneficiando al gobierno porque, pese a los esfuerzos de Castillo, reduce la incertidumbre en la medida en que corta definitivamente el camino a la asamblea. Pero en lugar de sacarle el máximo provecho y potencial a esta situación, hace lo posible por sabotearla.
Por lo demás, esa ley viene a consolidar la caída del precio del dólar y por lo tanto de algunos alimentos, lo que, sumado a los mejores precios de los minerales de la historia, contribuye a estabilizar a un gobierno que no solo desperdicia de manera sublevante esas oportunidades únicas, sino que, lamentablemente, le viene haciendo un daño inconmensurable a la institucionalidad estatal y al país. Es lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales, que permiten disfrazar la acción letal del gobierno.
En efecto, dos son los graves daños que este gobierno está produciendo:
1. Captura y degradación acelerada de la calidad del Estado
a. Pésimos ministros y funcionarios en ministerios, entidades y empresas.
b. Captura de reguladores
i. Sutrán: cambio de 22 gerentes por personal incompetente con intereses informales
ii. Sunafil: renuncia de Juan Carlos Requejo, garantía de gestión racional y equilibrada
iii. Indecopi: nombramiento de Julián Palacín, con una agenda política.
iv. En los siguientes meses se nombra presidentes de Osiptel, Ositrán, Osinergmin y Sunass, normalmente elegidos por concurso público
c. Captura de ministerios
i. Captura del Ministerio de Transportes por intereses informales (por ejemplo, Lenin Checco, autor de ley de colectivos informales)
ii. Captura del Ministerio de Trabajo: ministra Betsy Chávez y la agenda 19
iii. Captura del Ministerio de Educación: Roy Palacios del Fenatep, viceministro de Gestión Institucional
iv. Ministerio del Ambiente: agencia de empleos para 6 militantes de Perú Libre incompetentes
d. Captura de empresas públicas
i. PetroPerú: despido de 17 gerentes, malos reemplazos y proyectos de explotar todos los lotes
ii. PeruPetro: Salida del experimentado Seferin Yesquén para nombrar a Daniel Salaverry
e. Captura de la PNP.
i. Comandante general Gallardo, hombre del presidente Castillo, propone nombrar generales adictos a Palacio en la Dirección Anticorrupción y en la Dirección de inteligencia (DIRIN), y dar de baja a generales Tiburcio (Dirincri) y Arriola (Dircote). El ministro Guillén se opone y el conflicto no se resuelve.
ii. Grave desmantelamiento de la DIVIAC, que investigó a los Dinámicos del Centro: le recortaron S/864.000 y cambiaron a 40 oficiales, por 18 agentes inexpertos
f. Captura de 13 prefecturas por profesores del Fenate
b. No hay nuevos proyectos mineros de clase mundial
c. Se deja caer Majes Siguas II y se abandona reactivación de Chavimochic
d. APM Terminals retira propuesta para modificar expansión con inversión de US$1.100 millones, por falta de respuesta del MTC.
e. Se encarece formalidad laboral
f. Retroceso en reformas (educación, transportes, seguridad, universitaria)
g. Se consolidan leyes que impiden avance de meritocracia (CAS) y afectan viabilidad fiscal (negociación colectiva)
El problema de las izquierdas es no tienen otra propuesta que una refundación socialista que solo conduce al desastre. En la práctica su acción gubernamental, con excepciones como el programa de vacunación, se reduce a repartir bonos y subsidios y tomar el Estado como botín laboral, anulando la meritocracia, afectando la institucionalidad estatal y dando marcha atrás en las pocas reformas que habíamos avanzado.
Ante eso, solo queda que el Congreso asuma con seriedad su rol fiscalizador y de control político, y detenga ese proceso de depredación estatal antes de que sea demasiado tarde. Lampadia
