“Yo los invité, ¿cuál es el problema?” Con esta frase, el Presidente Ollanta Humala quiso justificar que con recursos del Estado, se traslade a los Tenientes Gobernadores a Palacio de Gobierno para una actividad proselitista del oficialismo. Esta actividad, puso en la mira pública a una institución que hasta la fecha había pasado casi desapersivida, pero que concentraba poder y recursos del Estado para ser usada en beneficio del Partido Nacionalista y de los demás partidos en sus respectivos gobiernos.
Presidente Ollanta Humala, en actividad proselitista en Palacio de Gobierno con Tenientes Gobernadores.
No es el primer gobierno que utiliza esta estructura que data de los 90 para fines proselitista. Desde esa época ha ido ensanchándose, captando mayor presupuesto público y organizándose. Hoy los 26 gobernadores regionales, 160 provinciales, 1.643 distritales están adscritos a la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), la cual depende del viceministerio de Gobierno Interior. En diciembre del 2012, esta entidad obtuvo nuevas funciones y más dinero para sus actividades: 84 millones de nuevos soles (en el 2010 era la mitad), un monto que casi duplica al de la Defensoría del Pueblo y, prácticamente, triplica al del Tribunal Constitucional.
La utilización política de los Tenientes Gobernadores se ha hecho evidente con una serie de denuncias. En su editorial sobre este tema, El Comercio da en el clavo cuando afirma: “si se le pidiese nombrar los vicios más típicos del Estado Peruano probablemente usted elegiría tres íntimamente emparentados: el uso del aparato público para beneficio del gobernante, la corrupción y la burocratización absurda que impide el avance del país. Pues bien, el actual gobierno ha tenido un notable talento para cultivar los tres vicios en una misma institución, la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi)”.
¿Qué hacer, entonces con los gobernadores? Lo cierto es que el debate sobre esta institución va mucho más allá. Los problemas que se vienen suscitando, por ejemplo, con los Gobiernos Regionales (creados a la apurada y entre gallos y medianoche), obliga a que se replantee seriamente la estructura del Estado en su conjunto.
El origen de estos males ha sido planteado en diversas ocasiones. La descentralización fue apurada políticamente, en un acto de verdadera irresponsabilidad en el gobierno de Toledo. El propio Presidente Humala, en su discurso ante el Congreso por el 28 de julio, planteó la necesidad de un profundo debate nacional para diseñar su reforma. Lampadia recogió el reto y planteó el debate, ver: Por una descentralización más efectiva.
Por otro lado aún hay quienes insisten en un cambio más radical, como el de regresar a la Constitución del 79, regimentada por la dictadura militar.
Recientemente, el constitucionalista Enrique Bernales, reconoce la necesidad de reformar la actual carta en algunos temas que se están debatiendo en el Congreso y nos dice: “Los gobiernos de Toledo, García y el actual de Humala han gobernado el país en medio de las contradicciones que plantea un texto [la Constitución del 93, que además fue avalada por Pérez de Cuellar en 1995 con su candidatura a la presidencia] que, nos guste o no, tiene un modelo homogéneo en materia económica [es decir, este no necesita ser modificado, pues es el que ha posibilitado el crecimiento del país en los 20 últimos años], mientras el título cuarto sobre estructura del Estado es un amasijo de instituciones sin posibilidad de funcionar como sistemas articulados y direccionados para la interacción y la complementariedad entre sus respectivas funciones y atribuciones. En verdad, el Estado que diseña la Constitución de 1993 si a algo se parece es a un archipiélago”, asegura Bernales.
Es pues imperioso, que la clase política, se siente a debatir en como remediar este problema y darle una adecuada articulación a nuestro Estado. Como se ha señalado innumerables veces, la institucionalidad es clave para el crecimiento económico. Si queremos seguir progresando, creciendo y reduciendo la pobreza, debemos contar con un Estado eficiente, armónica entre sí y que nos permita alcanzar esas metas.
Según sostiene Bernales, los ajustes que deben efectuarse para contar con un Estado de verdad han sido identificados. “La agenda está prácticamente lista: ley de partidos políticos, revisión de leyes electorales, derogación del voto preferencial, retorno de la bicameralidad, relaciones Ejecutivo-Legislativo, revisión y mejora de la regionalización, de los sistemas transversales de gobierno, de los mecanismos de elección y funciones de los órganos jurisdiccionales y de control constitucional. Estas medidas debieron adoptarse hace tiempo, pero más vale tarde que nunca. El Estado Peruano no puede llegar al 2016 en la crítica situación en que hoy se encuentra”.
Estamos de acuerdo, la reforma debe hacerse ya. Y, claro debe incluirse una reestructuración del sistema de gobernadores. Con la regionalización hemos creado señores feudales, sin los balances y contrapesos que demanda una democracia eficiente. Actualmente, el país se halla descuartizado, debilitando profundamente nuestra gobernabilidad. Necesitamos una estructura del Estado moderna que pueda articular al gobierno central con los gobiernos regionales y locales de una forma más adecuada. Lampadia
